Por Redacción
Luego de cuatro años de espera, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto de Torreón, Coahuila, decretó que la minera canadiense Excellon Resources deberá desocupar las mil 100 hectáreas que son propiedad de la comunidad de La Sierrita de Galeana, Durango, pero antes, los ejidatarios le deberán pagar 5 millones 612 mil 038 pesos, ya que la empresa comprobó, con sus propios testigos, que una protesta de los pobladores afectó su productividad.
Ante tal resolución que condiciona la devolución de sus tierras, al pago de esa cantidad, los ejidatarios presentarán un amparo el día de hoy, para buscar una nueva sentencia que pueda reivindicar el goce de sus derechos humanos, comentó en entrevista, Juan Antonio López Cruz, abogado y Coordinador del Área de Justicia Trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), quien explicó que las tierras arrendadas se mantendrán embargadas hasta que Excellon Reosurces reciba el pago establecido, con lo que el Tribunal sólo reconoció su derecho a la tierra.
La resolución que ordena la magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón a este conflicto se da luego de cuatro años en que la comunidad ha resistido y se ha organizado en la defensa de su territorio, mientras que la empresa en ningún momento ha dejado de funcionar y lo ha hecho sin pagar 1 millón 200 mil pesos por la renta de las tierras en las que opera.
En 2008, ejidatarios de La Sierrita de Galeana, ubicada en Tlahualilo, Durango, firmó un contrato temporal con la empresa Excellon, en el que se estableció la renta de mil 100 hectáreas. En ese contrato se cuidó que la empresa se comprometiera a cumplir cláusulas sociales, medioambientales y económicas para la comunidad y sus habitantes.
Tres años después, Excellon comenzó a ocupar tierras en las que no tenía ninguna autorización. Ahí comenzó el conflicto. A finales de 2012, la Asamblea General de Ejidatarios presentó una demanda ante el Tribunal Agrario para anular el contrato, la restitución de sus tierras y resarcimiento de daños.
Durante todo este proceso, Prodesc ha documentado que los ejidatarios han sido víctimas de amenazas, intimidación y engaños por parte del gobierno estatal en contubernio con la Embajada de Canadá.
El pago de estos 5 millones 600 mil pesos a la empresa minera obedece a una sentencia que se dicta en contra de los ejidatarios al demostrar que un paro que se realizó en la mina afectó las actividades de la empresa. De acuerdo con el abogado, el Tribunal explicó que se aportaron varias pruebas, pero en realidad fueron testigos que la misma Excellon presentó.
“Y por esa razón, dictaron que se les pagaran más de 5 millones de pesos. Además hay una violación directa al ejido porque viola directamente lo que dicta el Artículo 27 Constitucional, que señala que las tierras son inalienables e inembargables. Cuando se le pague, ordenará la devolución: devuélvanse las tierras prestadas, previo pago a la empresa minera”, comentó Pérez Cruz.
Explicó que cuando la Magistrada determinó que las tierras serían devueltas, previo pago del ejido a la minera, se condiciona la entrega y es considerado como un embargo. Por lo tanto, si el ejido no paga, entonces no le devuelven las tierras.
FUENTE: SINEMBARGO.MX
