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ANTE LA DESCONFIANZA SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS, ONGS EXIGEN VIGILAR CON LUPA EL DINERO DEL FONDEN

Por Redacción

Más de 153 mil viviendas en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México registran algún tipo de daño tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, de acuerdo con censos oficiales. Para el proceso de reconstrucción, el Gobierno federal tiene recursos de la Federación y de los estados, pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades en la aplicación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los fideicomisos locales. La falta de control en las contrataciones de empresas, tienden a la corrupción, advirtió la organización México Evalúa.

En esta línea, la agrupación Nosotrxs ha llamado a un fondo único que reúna todas las aportaciones internacionales, bancarias, partidarias, sociales y privadas con el propósito de “coordinar los recursos, aumentar la capacidad de vigilancia y evitar el uso político-electoral en términos de transparencia” mediante un comité técnico con perfiles profesionalizados, observadores internacionales y con autoridad moral sin afiliación partidista que gocen de la suficiente credibilidad para impulsar el proceso que requiere un conocimiento en políticas públicas, administración y ejercicio de recursos, dijo en entrevista su director Luis F. Fernández.

Por ahora, el Gobierno federal lanzó la plataforma “Fuerza México” para publicar una base de datos y dar seguimiento con transparencia y rendición de cuentas el uso de los recursos públicos destinados al reto de la reconstrucción.

Con pérdida total, hasta el momento se reportaron 33 mil viviendas en Oaxaca; 16 mil 813 en Chiapas; 3 mil 319 en Puebla; mil 695 en el Estado de México; mil 527 en Guerrero y 349 en Morelos, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Los recursos públicos disponibles para la población afectada en situación de extrema pobreza son el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con un saldo de 9 mil millones de pesos para 2017 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con un monto de 27 mil millones de pesos etiquetados para todos los estados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 y fiscalizado anualmente por la Auditoría Superior de la Federación.

Fiorentina García, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupueataria (CIEP), explicó que la fuente de financiamiento más importante ante desastres como los sismos es el Fonden, el cual se financia de dos formas. Una parte son recursos federales (6 mil 400 millones de pesos asignados este año) y otra parte es un fideicomiso (3 mil millones de pesos disponibles desde el año pasado). Para 2018 se propusieron 7 mil millones de pesos, un 5 por ciento más.

Los recursos no se entregan directamente a los estados porque existe un mecanismo con lineamientos específicos. Cuando el Gobierno federal levanta la declaratoria de emergencia y señala a las entidades afectadas, éstas son responsables de hacer un Comité de evaluación de daños, integrado por un representante del ejecutivo federal o estatal, de Protección Civil y de diferentes sectores (educación, salud, infraestructura…). Tras evaluar y cuantificar los daños, el Comité estatal hace una petición de recursos a la Secretaría de Gobernación, expuso García.

No obstante, resaltó que desde la Ley de Disciplina Financiera se obliga a los estados a contar con su propio fondo para atender los desastres naturales, pero no existe un registro de ello. Hasta el primer trimestre de 2017, se había empleado el 5 por ciento del Fonden por los desastres naturales anteriores (en Oaxaca, Guerrero y Chiapas), documentó.

Fiorentina García dijo que la principal herramienta para evitar que exista un desvío de recursos es seguir el proceso de los comités de evaluación de daños, así como los avances de las obras.

Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas en la organización México Evalúa, alertó que estos recursos federales que forman “un sistema de fondos” se depositarán en fideicomisos estatales, los cuales se encargarán de contratar obras y servicios. Aunque estos se caracterizan por “su opacidad y riesgo de corrupción” por la falta de control en la contratación y evaluación de las empresas –al haber adjudicación directa por caso extraordinario– por parte de las autoridades locales.

Sobre las auditorías al ejercicio de los recursos del Fonden, ejemplificó que tras las inundaciones que sufrió Chiapas en 2011 los resultados fueron “lamentables”. El Fonden se emplea cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales superan la capacidad financiera de las entidades o dependencias de la administración pública.

“Las autoridades estatales [de Chiapas] contrataron a empresas que no contaban con la capacidad técnica ni con los recursos materiales y humanos para ejecutar los contratos. El gobierno estatal no se aseguró de haber conseguido las mejores condiciones de contratación para el erario en 84 contratos de obra pública por mil 250 millones de pesos”, dijo Campos con base en la ASF.

“Una de las observaciones más graves fue que no se integró la información y documentación que acreditara la existencia legal de 47 empresas contratadas. Las obras avanzaron lentamente por lo que no se cumplió con el principio de inmediatez, que es el elemento fundamental en la respuesta que se debe dar en caso de emergencia”, agregó.

Por ello, Campos enfatizó que en la discusión que realiza el Congreso actualmente sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 deben establecerse mecanismos para una mejor ejecución del Fonden a nivel local y federal. Además, urgió a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobernación a capacitar a los estados para el control y transparencia de la contratación.

Además, el colectivo de analistas Data4 expuso que pueden pasar muchos meses para que las entidades que sufrieron un desastre reciban los recursos del Fonden, por lo que se creó la figura de los “Apoyos Parciales Inmediatos” (APIN) para financiar en situaciones urgentes y críticas, pero el proceso también es tardado. En 2014 pasaron 55 días para su aprobación, documentó.

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