“La regla de oro de la llamada dictadura perfecta
es que: las cosas cambien para que todo siga igual”
Abel Pérez Rojas
Después de ver el rumbo que siguen las investigaciones y procesos en contra de los exgobernadores Javier Duarte, Guillermo Padrés y Tomás Yarrington, existe casi una certeza de que hay que verlas bajo el tablero de ajedrez de la elección presidencial del 2018. Sólo así podremos entender cuál es su justa dimensión y alcance.
Lo que acontece en el ámbito político y económico de nuestro país debe verse bajo la mirada de los intereses sucesorios presidenciales.
Lo vimos desde los tiempos del Partido Nacional Revolucionario (PNR), convertido en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también esta perspectiva da claridad sobre lo que ocurre al interior de demás partidos: Acción Nacional, Revolución Democrática, Morena, y muchos más.
Sojuzgar a otros significa ganancias económicas continuadas y crecientes, de ahí que personajes y grupos buscan algún coto de poder, por ello se manipula la realidad nacional en aras de satisfacer esos intereses.
Aunque las pesquisas en contra de quienes desempeñaron funciones de gobernador no sólo se circunscriben a los tres mencionados anteriormente, la lista podría extenderse a al menos otros nueve más de los cuales no se ha hablado.
Por ejemplo, le recomiendo la revisión del breve recuento titulado: 12 ex gobernadores, en la mira de la justicia, publicado hace un par de semanas en El Universal, para que se ponga al tanto de la situación de otros nueve ex gobernadores.
A la anterior lista podrían incorporarse varios puñados de políticos. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el proceso sucesorio?
El tiempo avanza y los acuerdos en lo “oscurito” marchan sobre ruedas, mientras cual guión de mala telenovela mexicana, las noticias sobre el infausto destino de los perseguidos es dosificada.
Es decir, con tantos casos abiertos presentes y futuros en contra de ex gobernadores, tenemos más embaucamiento para rato. Y así nos la llevaremos.
Por otra parte, enjuiciar a ex gobernadores –entre ellos la mayoría del PRI- podría usarse como una justificación en dos vertientes: como el motivo de la impopularidad de ese partido y como bandera de campaña de que en esta administración federal se aplicó parejo la ley, incluyendo hasta a los de “casa”.
Pero no se puede tapar el sol con un dedo: la baja popularidad del presidente Peña ha golpeado y casi cancelado la posibilidad de que el PRI repita como partido gobernante en el sexenio 2018 – 2024.
Por ello, aunque se culpara a los ex gobernadores priistas de la pérdida del poder, finalmente la vox populi seguramente dejará como único culpable a Peña Nieto.
En ese escenario, y no obstante que se investigara a otros ex gobernadores de más partidos; dichos procesos podrían contribuir a dejar la batalla electoral con sólo dos opciones: entre el candidato o candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y Andrés Manuel López Obrador de MORENA, apoyado seguramente por un par de partidos más de aparente orientación izquierdista.
De presentarse ese contexto para el próximo año: ¿se continuará con la investigación a ex gobernadores? ¿Pasarán las investigaciones y procesos a un segundo y tercer plano? ¿Investigaciones como las que se siguen a los ex gobernadores se redirigirían en ese entonces a figuras de uno u otro partido que sí tienen posibilidades de ganar la presidencia? ¿La captura de Yarrington y Duarte alcanzarían para reposicionar la figura del presidente y con ello darle posibilidades al PRI?
Querido lector, son tiempos de releer y tener a los filósofos clásicos, porque esté usted seguro que en los próximos meses veremos muchas “sombras” en forma de investigaciones y procesos desde la “caverna” del escenario político, pero la realidad nos será ajena si no tomamos conciencia de ello ¿o no?
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador permanente.
