Por Redacción

El Gobierno de Nuevo León informó que fueron embargadas 22 propiedades a ex funcionarios de la administración estatal anterior, entre ellas sólo una finca del ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, pues ya vendió otras y recientemente cedió dos más a familiares.

En una conferencia de prensa, el Asesor Jurídico del Gobierno del Estado, Aldo Fasci precisó que el aseguramiento de los 22 inmuebles se da como una medida precautoria dentro de las investigaciones en contra de diversos ex funcionarios del Gobierno de Medina de la Cruz.

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León una serie de acciones penales en contra del ex Gobernador priista, Rodrigo Medina de la Cruz, y nueve de sus ex funcionarios, que consiste en el embargo precautorio de propiedades que fueron adquiridas de manera sospechosa.

Fasci detalló que del total de las propiedades embargadas sólo una pertenece al ex Gobernador, pues “otra que tenía la vendió y dos más las cedió recientemente a familiares”. Indicó que el inmueble asegurado es una finca campestre en el municipio de Terán, de una extensión aproximada a las 35 hectáreas.

“En términos generales, hasta hoy se han embargado 22 inmuebles. Es un corte en el Estado de Nuevo León, no se ha concluido la función, esa tarea; estamos solicitando colaboración de otros estados para continuar el tema de los embargos”, dijo el Asesor Jurídico del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

El funcionario aseguró que en los próximos días, la Subprocuraduría solicitará al Juez de Control fijar las fechas de las audiencias iniciales para los ex funcionarios involucrados, quienes, dijo, de manera obligatoria deberán acudir de manera personal, de acuerdo con las reglas del nuevo sistema de justicia penal.

Por otra parte, Fasci informó que la investigación en contra de Rodrigo Median y sus ex funcionarios se realizará de manera transparente, y que presentar a la ciudadanía y a los implicados sobre los avances de la investigación.

FUENTE: SINEMBARGO.MX

Por redacción

Una calificación nacional de 49.74 puntos a las plataformas de acceso a la información pública, provocó a especialistas en el tema, un desaliento y una preocupación sobre la garantía de cumplimiento y ejercicio de este derecho constitucional, para la ciudadanía y sobre todo, para la población más vulnerable.

El Índice Nacional de los Organismos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI) 2016, expuso que uno de los retos que muestran una mayor desventaja, es el de la promoción de este derecho, en el que los estados tuvieron una calificación de 35.15.

Alrededor de 27 entidades tuvieron una evaluación por debajo de 60 puntos, es decir, aprobatoria, y siete, estuvieron ubicadas entre los 10 y 30 puntos. El estudio recalcó que son escasos los proyectos de promoción destinados a la población en situación vulnerable, además de que el 25 por ciento de los órganos garantes no cuentan con un mecanismo de asistencia para que los ciudadanos realicen solicitudes de información.

Estos resultados no concuerdan con lo que ya está establecido en la Ley, ya que todos los organismos garantes de transparencia tienen la obligación de promocionar el derecho de acceso a la información según lo estipulado en cada ley local.

Ana Cristina Ruelas Serna, directora regional de Artículo 19, expuso que cuando se publicó el INOGDAI de 2014, uno de los comentarios que hubo por parte de los organismos fue que éstos no estaban obligados a cumplir con lo que se les estaba evaluando.

“Eso se contempló (en el INOGDAI 2016), pero los resultados son ahora más preocupantes. Pensaron que la mala calificación era resultado de que no se tenía la facultad de hacerlo, pero ya no hay una sola evaluación que no esté vinculada a una facultad legal. Así, una calificación de 49.74 de promedio nacional, implica el incumplimiento a su legislación y la falta de cumplimiento de los organismos garantes a la propia Ley”, explicó.

La especialista agregó que, a estas alturas, la transparencia debe ser un valor y no una obligación para los órganos garantes.

El INOGDAI arrojó como promedio nacional, resultado de la evaluación de cuatro variables seleccionadas, una calificación de 49.74 puntos. Los mejores calificados fueron Campeche, Durango, Ciudad de México, Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

Del otro lado, 17 estados se mantuvieron por debajo de la media: Chiapas, Querétaro, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guerrero.

En Transparencia y Rendición de cuentas, existe una gran diferencia entre el primer y último lugar; Campeche tuvo una calificación de 98.7 por ciento, mientras que Guerrero 3.46 puntos.

Para los realizadores de la investigación, los resultados muestran una seria regresión y una tendencia lejana a mejorar las prácticas existentes.

Los números son contratantes, ya que mientras por un lado se avanzó en el nivel de transparencia y rendición de cuentas, la promoción de este derecho disminuyó en comparación con la misma evaluación realizada en 2014.

A nivel nacional, destacaron los casos de Nuevo León, Guerrero y Puebla, quienes cayeron 23 y 17 posiciones respectivamente, en comparación con el INOGDAI 2014. Hidalgo bajó 12 posiciones y Sonora se restó 10 puntos.

“Nos encontramos con un desaliento porque vemos que no hemos mejorado, que a pesar de una Ley General de Transparencia, de una reforma constitucional de avanzada, nos encontramos con un índice que muestra una caída de casi cuatro puntos, lo que indica que aún falta mucho por hacer para que los organismos de transparencia alcancen el espíritu de la reforma constitucional […] Hoy por hoy todavía son pocos los mexicanos y mexicanas que pueden ejercer ese derecho”, sostuvo Ruelas Serna.

FUENTE: SINEMBARGO.MX