Por Redacción

Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Acapulco, Guerrero, reiteraron su desconfianza hacia las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad pública y anunciaron la propuesta de integrar un “C-4 empresarial”, conformado por los sistemas de video vigilancia de sus empresas y de particulares.

Durante la reunión convocada para la firma del convenio de colaboración entre la Procuraduría Federal para la Defensa del Contribuidor (Profedeco) y Coparmex-Acapulco que se realizó en el salón Magallanes del Hotel Elcano, se informó que el próximo viernes se convocará a miembros y representantes de otras cámaras y organismos empresariales para fortalecer la propuesta y presentarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para así reunir más cámaras interconectadas e imágenes.

El presidente de la Coparmex, Fidel Serrato Valdés, anunció a sus agremiados que presentaron la propuesta al comandante de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández, la semana pasada.

Dijo que pidieron que “solamente el Ejército” permanezca en la vigilancia de las cámaras del C-4 del gobierno estatal.

Allí se explicó a los asistentes que el material, como grabaciones o fotografías de zonas donde hayan ocurrido acontecimientos violentos y que cuenten con ellas, podrían ser entregadas a las autoridades. Sin embargo, cuatro de cinco socios Coparmex que pidieron la palabra, se manifestaron contra la entrega de las grabaciones de sus cámaras a las autoridades estatales y municipales.

Incluso se mostraron de acuerdo con que la Sedena mantenga el control de la vigilancia en las cámaras del gobierno estatal.

No obstante, un agremiado deslizó en un comentario sus dudas de la “integridad” del Ejército ante la vigilancia de las cámaras y lo que graban de ellas, pues argumentó que “nadie garantiza que no se sepa quién aporta los videos”, señaló después de que se propuso la entrega de los videos para denunciar homicidios, asaltos o agresiones contra las empresas sus negocios y sus colaboradores.

Un socio destacó la iniciativa de sumarse a la iniciativa porque los sistemas de grabación representarán más recursos para vigilar las calles. Otro orador dijo que “vale más la pena comprar una cámara que un arma”. Un cuarto participante pidió que se solicitara que el Ejército ampliara el plazo para que mantengan la vigilancia del C-4, sin embargo Fidel Serrato indicó que los plazos del general fueron de acuerdo con la temporalidad del Ejército al cuidado de las cámaras de vigilancia.

Se habló de que el “C-4 empresarial” se ha puesto en marcha en otras entidades como Nuevo León y en partes de la Ciudad de México, lo que ha permitido la captura de criminales y delincuentes cuyas víctimas son transeúntes que pasan cerca de sus negocios.

Se discutió sobre la delicadeza de entregar las grabaciones realizadas desde sus negocios a las autoridades porque hablaron de la vulnerabilidad a la que se exponen una vez que se sabe quién entrega material que exhibe a los delincuentes.

FUENTE: SINEMBARGO.MX

Por redacción

Del 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril del 2016, los mexicanos se han visto orillados a cuadriplicar las horas de trabajo para poder seguir comiendo ya que la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo durante ese periodo es de 79.11 por ciento y, por el contrario, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) subió de 3.95 a 213.46 pesos diarios, de acuerdo con el reporte “México: más miseria y precarización del trabajo” realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta situación, afirma el informe, se expresa en el deterioro de los niveles de vida de las familias mexicanas: los trabajadores tienen que laborar más tiempo para intentar nivelar su consumo, lo que los priva de descansar, convivir, educarse o ejercer actividades recreativas. Además, el aumento del precio de la canasta se refleja en la contracción del consumo de productos básicos como leche, tortillas, pan, huevo y frijol.

“Para el 16 de diciembre de 1987 un trabajador debía trabajar 4 horas y 53 minutos para adquirir todos los productos que componen la CAR en tanto que, para el 25 de abril de 2016, el mismo trabajador necesitó trabajar 23 horas y 22 minutos para comprar la CAR, es decir, en un intervalo de 29 años se cuadruplicó el tiempo que se requería para comprar una CAR, registrándose un incremento del 412 por ciento”, expone el CAM.

En el último mes de 1987 –cuando el país registraba una inflación de 159 por ciento, una devaluación del peso del 33 por ciento y la caída del precio internacional del petróleo a 11 dólares por barril– el Tiempo de Trabajo Necesario (TTN) para adquirir un kilo de tortilla era de 24 minutos. El 25 de abril de este año, cuando el salario mínimo es de 73.04 pesos, para poder comprar lo mismo se tuvo que trabajar 1 hora con 31 minutos, un aumento de 446 por ciento.

En el caso de un kilo de carne de bistec de res, el 16 de diciembre de 1987 el TTN requerido para adquirirlo era de 5 horas con 25 minutos de una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, para el 25 de abril de 2016 se necesitó laborar 14 horas y 46 minutos por el mismo producto, es decir, un incremento de 396 por ciento.

De esta manera, añade el documento, el consumo de la carne de res dejó de ser considerada como una posibilidad de consumo ordinario para las familias trabajadoras y ahora pasó a ser considerada como un alimento de lujo.

“La gente que no alcanza a trabajar ese número de horas y que otro miembro de la familia no puede trabajar para un ingreso adicional, entonces está recibiendo transferencias [de programas sociales] y de esa manera compensa de cierta forma la pérdida de la caída del ingreso. Como los salarios han caído de una manera significativa, de 1997 a la actualidad la cobertura de transferencias ha pasado de 5 millones a 25 millones, pero la pobreza no ha bajado de una manera importante. Si tampoco recibe transferencias, entonces cae en situación de pobreza y es lo que está ocurriendo”, afirmó Miguel Reyes Hernández, miembro del Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión de la Universidad Iberoamericana.

De 1987 al año 2016, dice el estudio, la política salarial ha registrado durante seis sexenios “una tendencia negativa del poder adquisitivo del salario” y “no ha logrado una recuperación”.

El Presidente Enrique Peña Nieto declaró en el marco del Día del Trabajo que de diciembre del 2012 a diciembre del 2015, el salario mínimo general promedio acumuló una recuperación en su poder adquisitivo de 5 por ciento. Pero “es totalmente falso”, acusa el CAM. Del 1 de enero del 2013 al 13 de octubre del 2015 registra una pérdida del poder adquisitivo del salario de 9.65 por ciento.

El coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), David Foust Rodríguez, dijo en entrevista a SinEmbargo que “hay una política de congelamiento de los salarios y México es el único país de Latinoamérica que ha permanecido en una situación así, y eso evidentemente ha deteriorado la situación especialmente en la gente que recibe entre uno y dos salarios mínimos”.

“Hay una decisión por parte de las élites que gobiernan este país de mantener los salarios artificialmente deprimidos. Las personas no trabajarían por esos salarios si quitaran el tope salarial. Pero la Conasami [Comisión Nacional de los Salarios Mínimos] continúa esa política reiterada por órganos como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana]”, aseguró.

La caída del poder adquisitivo, sigue el estudio del CAM, “precariza brutalmente las condiciones laborales de los trabajadores, es decir, aunado a la caída del salario real se encuentra hoy el aniquilamiento de todas aquellas prestaciones laborales que le representen un costo al empresario, como lo son entre otras, el reparto de utilidades, el aguinaldo y el pago de horas extras”, dice el reporte.

Otras alternativas para comer, además de trabajar más horas, es buscar dos o más empleos por trabajador; incorporar a otros miembros de la familia a trabajar independientemente de su edad o condición de salud; emigrar o aceptar un empleo pese a la distancia.

Pero aunque la tasa de desocupación ronda el 4 o 5 por ciento, añadió Foust Rodríguez, “en el primer trimestre de este año, la Tasa de Ocupación en Condiciones Críticas creció del 12 al 14 por ciento […] La gente está insatisfecha por estar en un país donde no se puede vivir bien”.

CONTRACCIÓN “DRAMÁTICA” DE CONSUMO

Antes un salario mínimo alcanzaba para más. Pero las políticas salariales han provocado que la contracción del consumo de las familias mexicanas sea “dramática”, afirma el estudio.

Actualmente, determinó el CAM, 32 millones de trabajadores en México sobreviven en diferentes niveles de miseria porque su ingreso es insuficiente para adquirir la Canasta Básica.

Durante 1987-2016, por cada peso que aumentó el salario, el precio de la canasta alimentaria recomendable aumentó cinco pesos. Para adquirir la canasta los trabajadores mexicanos requieren de un ingreso mensual promedio de 6 mil 403.80 pesos, el equivalente a casi 3 salarios mínimos diarios, calculó el Centro.

Si hubiera una distribución equitativa de acuerdo a lo que se produce, declaró Reyes Hernández, los mexicanos no tendrían por qué estar trabajando más horas y podrían aspirar a un nivel de vida adecuado y digno.

“Es un problema distributivo al interior de las empresas […] somos el país de la OCDE más inequitativo en cuanto a distribución del ingreso”, sostuvo.

Con un salario mínimo, en 1982 se podían comprar 18 litros de leche y ahora, en abril de 2016, solo cuatro. De los 51 kilos de tortilla que hace 34 años se podían adquirir, ahora, con el mismo dinero, solo se obtienen 6 kilos.

En 1982 podían tenerse 280 piezas de pan y en abril de 2016 solo 44. Por la misma cantidad, antes se podían comprar 8 kilos y medio de huevo y en 2016, 2 kilos del mismo producto. Y, de acuerdo con el informe, hace 34 años, con un salario mínimo, podían comprarse 12 kilos de frijol y actualmente solo 3 kilos.

Un factor que impide una distribución equitativa , añadió el académico de la Universidad Iberoamericana, es que las grandes corporaciones no pagan los impuestos que dan las pequeñas y medianas empresas, que es una tasa del 20 por ciento sobre sus ingresos netos. De esa manera no solo habría ingresos para programas sociales asistencialistas, también recursos para seguridad social universal y ampliación de cobertura educativa.

“Pero no hay voluntad política para sentarse a negociar con empresarios y representantes de trabajadores”, concluyó.

FUENTE: SINEMBARGO.MX

La  Coordinadora Nacional de PROSPERA, Paula Hernández Olmos y el Director General del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Mauricio Hernández Ávila, firmaron un convenio de colaboración que permitirá acceder a información actualizada sobre la salud y nutrición de las familias beneficiarias del Programa, esto dentro del marco de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de medio camino.

PROSPERA refrenda la importancia del trabajo realizado en conjunto con el INSP para la generación de evidencia robusta y efectiva, aseguró Paula Hernández,  “queremos que haya evaluaciones muy completas, que permitan analizar los resultados de este Programa, ya que tenemos el compromiso y la responsabilidad encomendada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, de que  PROSPERA siga fortaleciéndose y evolucionado.”

La Coordinadora Nacional dijo que 2016 es el año de las evaluaciones, que no puede haber superación de la pobreza si no se  cuenta con  salud, nutrición y educación. “Queremos conocer los resultados del consumo de los suplementos alimenticios en nuestras niñas y niños; y de las nuevas estrategias implementadas en los diferentes ámbitos para fortalecer los componentes básicos del Programa y mejorarlos”.

Por su parte, el director del INSP resaltó la importancia de que el sector público se vincule para obtener información estratégica acerca de los avances de PROSPERA en esta materia. Asimismo, aseguró que las encuestas nacionales de salud y nutrición en México, son un referente fundamental para el monitoreo y la evaluación de las políticas sociales. “Este compromiso social compartido es la mejor explicación de por qué hemos seguido trabajando juntos”.

Destacó que la Ensanut 2016 permitirá  obtener información adicional y específica sobre los hogares PROSPERA, así como  monitorear los avances en los indicadores, contar con más elementos y mayor sustento  para la definición de objetivos y metas a perseguir y en general, para el diseño de acciones a realizar en materia de desarrollo social en la presente administración.

Finalmente, Hernández Olmos afirmó que con este convenio se favorecerá el acceso a la información necesaria para continuar  con los esfuerzos en la dirección correcta del Programa, pero también se detectará qué hace falta para seguir evolucionando.

Durante su gira de trabajo en el estado de Aguascalientes, la Coordinadora Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, Paula Hernández Olmos, estuvo presente en la firma del acuerdo de Coordinación para un Aguascalientes Sin Pobreza, signado por el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, y el Gobernador del estado, Carlos Lozano de la Torre.

Paula Hernández Olmos destacó que con la firma de este acuerdo inician nuevas incorporaciones a PROSPERA en el estado, como parte del compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con las familias de la entidad; y se asegura la afiliación de los beneficiarios al Seguro Popular, así como el acceso a la inclusión financiera, productiva y laboral.

Sobre ello, el Secretario Meade resaltó la importancia de que las titulares beneficiarias tengan acceso a créditos, ahorro, préstamos y seguro de vida. El funcionario afirmó que con el cambio y la evolución que tuvo PROSPERA, “las familias se están convirtiendo en un motor importante de crecimiento y prosperidad”.

Durante el evento en la capital de estado, beneficiarias de PROSPERA recibieron tarjetas de apoyos y escucharon el testimonio de María Laura García, quien es parte del Programa desde que su hija cursaba la primaria, quien el día de hoy, ya se encuentra en la universidad; aseguró que su familia lleva a cabo un proyecto productivo apoyado por PROSPERA, que cada vez está creciendo más, en beneficio de su economía.

Previamente, los funcionarios sostuvieron un encuentro con más de mil adultos mayores en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Descubre, y realizaron un recorrido por la exposición de proyectos apoyados por el Programa de Fomento a la Economía Social (Fonaes), donde la Coordinadora Nacional dialogó con beneficiarios de PROSPERA que le explicaron cómo están desarrollando sus capacidades productivas, con proyectos como la elaboración de prendas bordadas, reparación de instrumentos musicales, entre otros.