Por Redacción

Un fraude llevado a cabo por empleados de la Cruz Roja desperdició al menos 6 millones de dólares destinados a combatir un mortal brote de ébola en el oeste de África, informa ABC News. Las revelaciones tienen que ver con una investigación interna de cómo la organización manejó más de 124 millones de dólares durante la epidemia entre 2014 y 2016, que se cobró la vida de más de 11 mil personas en Sierra Leona, Liberia y Guinea.

El brote estalló en Guinea y se propagó rápidamente a Sierra Leona y Liberia. La respuesta por parte de organizaciones internacionales fue inicialmente lenta, y el dinero, una vez que llegaba, se desembolsaba rápidamente en la prisa por comprar suministros y trasladar a trabajadores humanitarios al lugar, señala el medio.

De esta manera, alrededor de 2.13 millones de dólares desaparecieron como resultado de una “probable colusión” entre el personal de la Cruz Roja y los empleados de un banco de Sierra Leona, según la investigación. Se cree que el dinero fue desviado cuando arreglaron indebidamente la tasa de cambio en el momento de auge de la epidemia.

La Cruz Roja, “indignada”

La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) declaró que estaba “indignada” por lo que había descubierto, y estaba fortaleciendo sus esfuerzos para combatir la corrupción, incluida la introducción de límites de gastos en efectivo en “entornos de alto riesgo”. Asimismo, la IRFC planea enviar auditores capacitados junto con equipos de operaciones de emergencia.

Sin embargo, el subsecretario general de asociaciones de la IFRC, Jemilah Mahmood, subrayó que “estos casos no deben de ninguna manera disminuir la tremenda valentía y dedicación de miles de voluntarios y personal” que desempeñaron “un papel fundamental para contener y poner fin al brote y prevenir una mayor propagación del virus a nivel internacional”.

Un fraude millonario

Las conclusiones de la investigación interna fueron publicadas por primera vez el 20 de octubre, pero no fueron difundidas ampliamente hasta el viernes. La IFRC confirmó los hallazgos este sábado y aseguró que estaba trabajando con la Comisión Anticorrupción de Sierra Leona para “investigar y perseguir legalmente a cualquier persona involucrada”.

La FICR también reveló pruebas de fraude en los otros dos países más afectados durante la crisis del ébola. En Liberia, los investigadores encontraron “evidencia de fraude relacionado con precios inflados de artículos de socorro, nóminas y pago de incentivos voluntarios”. La organización estimó la pérdida en 2.7 millones de dólares. Mientras que en Guinea, al menos 1.17 millones de dólares desaparecieron debido a las prácticas de facturación fraudulentas de un proveedor de servicios de aduana.

Por Redacción

Madrid, ESPAÑA.- La jueza ha dictado dos autos por cada huido. En uno, se cursa la orden de detención europea y se da traslado a la Fiscalía Federal de Bélgica. Esa Orden Europea de Detención se ha insertado también en el programa SIRENE de la policía. En el segundo se cursa una orden internacional de búsca y captura internacional para asegurar la detención de Puigdemont y los cuatro consellers estén donde estén.

Los autos piden su detención por un total de cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos, prevaricación y desobediencia. Lamela además rechaza la petición formulada por Puigdemont y otros exconsellers de prestar declaración por videoconferencia. Según explica la magistrada en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida, como la residencia fuera de España.

En los escritos, Lamela esgrime las mismas acusaciones por las que este jueves envió a prisión incondicional a Junqueras y otros siete exconsellers. Puigdemont y el resto del Govern “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español”.

LÍDER DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA

En auto del expresidente de la Generalitat, la jueza apunta que “los hechos imputados al reclamado, están referidos a la proclamación de Cataluña como un estado independiente en forma de república”. “El reclamado impidió la aplicación de las leyes españolas, y desde luego la ley suprema que es la Constitución, impidiendo al tiempo, el cumplimiento de las resoluciones judiciales”, añade.

En el camino a la independencia, Puigdemont “lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal”. Es más, el ya depuesto president “promovió actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña”.

Encontrándose Puigdemont y los cuatro consellers “en paradero desconocido, al no haber sido localizado en su domicilio”, procede acordar, sostiene la jueza, la prisión provisional comunicada y sin fianza y su busca y captura, librándose “orden europea de detención y entrega con fines extradicionales”.

Los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira habían solicitado la orden porque, argumentan, los consellers que están en Bruselas no han comparecido a pesar de que “es un hecho notorio y públicamente conocido” su citación. “Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”, añade.

Puigdemont, Comín y Serret han pedido comparecer por videoconferencia “sin ofrecer dato alguno sobre su paradero”, escribe el fiscal. Por eso pide que se emita una orden de busca, captura y detención nacional e internacional contra ellos y el resto de consellers que no han comparecido.

Puigdemont y otros miembros del Govern ya habían avisado de que no acudirían a comparecer ante la jueza que les investiga por rebelión y malversación de fondos, como también señalan los fiscales. Según un comunicado publicado este miércoles, esperarán la acción de la justicia desde Bruselas.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes simplifican entre los países de la UE los procedimientos de extradición. Según recogen las leyes belgas, los ocho ex altos cargos catalanes serán detenidos de inmediato y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden.

Si Puigdemont y sus consellers aceptasen su entrega a España, ésta se haría sin más complicaciones, pero si no fuese así, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días para decidir.