Ciudad de México a 29 de noviembre de 2016.- El Congreso de la Unión turnó a Comisiones un exhorto al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle para que se respete la integridad personal del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y le brinde la protección necesaria, así como cesar las amenazas y el hostigamiento contra luchadores sociales y ciudadanos por las constantes violaciones en materia de derechos humanos.
En el punto de acuerdo presentado por el diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues y la coordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Rocío Nahle García, también se exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal en Puebla hacer público el estado que guardan las quejas presentadas en contra del gobierno de la entidad y en contra de luchadores sociales.
Dentro de los antecedentes se destacaron las amenazas que recibió el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de fincarle responsabilidad penal y llevarlo a prisión en caso de no detener sus observaciones hacia la administración estatal, a través del secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco.
“En MORENA creemos que la libertad de expresión es un elemento fundamental para la democracia y que la crítica en el ejercicio de gobierno debe ser tolerada. Quien ejerza la función pública, debe tener en claro, que el derecho de los ciudadanos para poder manifestarse y emitir opiniones sin amenazas, es un derecho irrestricto, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Como se recordará, las amenazas se dieron luego de que el edil cholulteca solicitó la entrega de los recursos que por ley le corresponden a San Pedro Cholula por cerca de 40 millones de pesos, los cuales no han sido entregados y ya casi finaliza el ejercicio de 2016.
Sobre el particular, en el punto de acuerdo turnado durante la sesión de este martes los legisladores federales refirieron que en los últimos 5 años y 10 meses de gobierno de Rafael Moreno Valle se ha perseguido y encarcelado a presidentes de juntas auxiliares, presidentes municipales, líderes indígenas, defensores del patrimonio arqueológico, campesinos, mototaxistas, transportistas, representantes de comerciantes y tianguistas, sindicalistas e incluso personas de la tercera edad.
“Cualquier manifestación opositora a los proyectos morenovallistas ha sido hostil y sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma, aunada a la fabricación artificial de pruebas en contra de los manifestantes”.
El punto de acuerdo se turnó a comisiones para su consideración, y en su caso, posterior aprobación.
