Puebla, Puebla.— La diputada Xel Arianna Hernández García presentó ante el Congreso de Puebla iniciativas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia familiar, incluida la denominada violencia vicaria.
Una de las propuestas plantea modificar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla para incorporar de manera expresa la violencia vicaria como una circunstancia que permita a las autoridades judiciales dictar medidas cautelares y de protección.
La iniciativa busca establecer que, cuando se presenten casos de este tipo de violencia, los órganos jurisdiccionales puedan actuar de oficio y de manera inmediata, tomando como criterios el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.
Entre las medidas contempladas se encuentran la salida inmediata de la persona agresora del domicilio, restricciones para acercarse o comunicarse con la víctima, suspensión de visitas y convivencias, apoyo de la fuerza pública y acciones para garantizar alimentos y protección patrimonial.
La propuesta también considera atención médica y psicológica, así como medidas reeducativas dirigidas a la persona agresora.
De acuerdo con el planteamiento legislativo, el objetivo es evitar que niñas, niños y adolescentes sean utilizados como instrumento para ejercer violencia contra alguno de sus progenitores y establecer mecanismos de respuesta más rápidos ante posibles situaciones de riesgo.
Buscan ampliar protección ante situaciones de riesgo
En una segunda iniciativa, Hernández García propone modificar disposiciones del mismo Código de Procedimientos Civiles para ampliar las herramientas de las autoridades frente a circunstancias objetivas que puedan poner en riesgo la integridad física, psicológica o emocional de integrantes de una familia.
La propuesta contempla que, ante la existencia de hechos o indicios que adviertan un posible riesgo, particularmente para niñas, niños y adolescentes, las autoridades puedan establecer de manera provisional restricciones o suspender convivencias.
También se plantea la posibilidad de modificar temporalmente las condiciones de guarda y custodia cuando resulte necesario para proteger a los menores, así como establecer consecuencias jurídicas posteriores cuando exista una sentencia firme.
Las medidas propuestas deberán aplicarse, según el planteamiento, bajo criterios de proporcionalidad, debido proceso, perspectiva de género e interés superior de la niñez.
Las iniciativas forman parte de las propuestas legislativas encaminadas a fortalecer los mecanismos de protección para menores y otros integrantes de las familias ante posibles escenarios de violencia. Su eventual aplicación dependerá del proceso legislativo correspondiente.