Puebla, Pue.– El diputado local Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa para fortalecer las disposiciones legales relacionadas con la protección de datos personales y establecer mayores controles sobre el manejo de esta información por parte de instituciones públicas y proveedores de servicios tecnológicos.
La propuesta plantea reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer obligaciones específicas para los sujetos obligados respecto al resguardo y tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su responsabilidad.
Entre las medidas propuestas se encuentra impedir que información personal sea comunicada, difundida, transferida, distribuida o comercializada a terceros, salvo que exista autorización expresa de la persona titular, ya sea mediante consentimiento escrito o a través de un mecanismo de autenticación que permita acreditar su voluntad.
La iniciativa también contempla que estas obligaciones se extiendan al uso de plataformas digitales, sistemas tecnológicos y contratos celebrados con proveedores externos que tengan acceso a información personal. La protección, de acuerdo con el planteamiento, continuaría vigente incluso después de que concluya una relación laboral, administrativa o contractual con una institución.
Otro de los puntos contempla fortalecer las atribuciones de las Unidades de Transparencia para vigilar que los datos personales bajo resguardo institucional sean manejados conforme a las disposiciones de seguridad establecidas en la legislación.
Asimismo, el proyecto propone incorporar como posibles causas de sanción diversas conductas relacionadas con el uso indebido de información, entre ellas sustraer, divulgar, transferir, comercializar, alterar, ocultar, destruir o inutilizar datos personales sin una causa legítima y dentro de los supuestos correspondientes.
El planteamiento parte de la consideración de que el tratamiento de información personal forma parte de las actividades cotidianas de las instituciones públicas, por lo que, de acuerdo con la iniciativa, debe realizarse bajo principios y medidas de seguridad que permitan proteger los derechos de las personas sobre su propia información.
La propuesta será analizada conforme al procedimiento legislativo correspondiente. Su eventual aprobación implicaría nuevas obligaciones para las instituciones públicas y para terceros que intervengan en el manejo de datos personales en el ámbito estatal.