Por Redacción
La Fiscalía de Veracruz ha preferido guardar un turno para un “show” político a la hora de procesar a Javier Duarte de Ochoa, acusó el abogado penal Gabriel Regino García, quien también consideró que el ex Gobernador de Veracruz podría ser castigado entre 31 y 89 años de cárcel si se le comprueban las acusaciones en su contra.
Regino García, actual titular del Despacho Jurídico Regino Abogados, consideró que la Fiscalía veracruzana no ha actuado con contundencia, pues en el fuero estatal Duarte de Ochoa ya debería estar siendo procesado, y no haber esperado la acción de la Procuraduría General de la República (PGR), que tomó cartas en el asunto una vez que el político de origen priista pisó suelo mexicano.
“No entiendo por qué la Fiscalía de Veracruz no ha pedido ya, vía exhorto, recabar las declaraciones de Javier Duarte, quizá esperaron a que quedara vinculado, no lo sé. Pero ya podrían haber actuado” si, como dice el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, perseguir y castigar los delitos de Duarte es un tema de prioridad, dijo Regino, a quien se considera uno de los mejores abogados penalistas del país.
El 19 de abril de este año, la Fiscalía de Veracruz pidió a la Procuraduría General de la República adherirse a la solicitud extradición de Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.
Durante la segunda audiencia de Duarte en Guatemala, el ex Gobernador priista calificó las acusaciones de la Fiscalía veracruzana “infundadas, lejanas, vagas e imprecisas”. Pero, de comprobarse estas acusaciones, podrían costarle, de acuerdo con el Código Penal de ese estado, entre 6.5 y 34 años de prisión.
“La PGR y la Fiscalía tienen que hacer cada una su chamba. La PGR sólo ve lo federal. Y la Fiscalía estatal lo que debe hacer ahora [ luego de que Javier Duarte fue vinculado a procesos el sábado 22 de julio] es empezar sus audiencias; lo que es evidente es que, por un tema mediático, esperaron a que la PGR diera los primeros pasos”, dijo Gabriel Regino, quien sospecha sobre el interés de volver este proceso judicial un “show”.
El sábado pasado, Javier Duarte de Ochoa fue llevado al Juzgado anexo al Reclusorio Norte donde, luego de que la PGR planteara sus pruebas, se declaró su vinculación a proceso. Foto: Cuartoscuro
CRITICAN TIBIEZA DE YUNES
Mientras el proceso judicial contra Javier Duarte quedó ya abierto, el Gobernador panista Miguel Angél Yunes se ha limitado a ofrecerse como testigo en contra del ex mandatario veracruzano en el proceso federal.
El 21 de julio pasado, el actual Gobernador de Veracruz recibió una aceptación por parte de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con declaraciones que daría un día después.
“[Después de quedar Duarte vinculado a proceso] Se inicia entonces una etapa ya de investigación complementaria, el Juez determinará hoy qué tiempo se llevará la investigación complementaria y en cualquier momento en esa etapa, compareceré. Yo estoy listo, tengo toda la información, la he tenido desde siempre, estoy integrando debidamente nada más las carpetas, y las entregaré a la PGR”, dijo el Gobernador, quien sucedió a Duarte representando en las urnas a la alianza de los partidos Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD).
En cuanto a las acusaciones federales, Duarte quedó ligado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La primera de acuerdo con el Código Penal Federal conlleva entre cinco y 15 años de prisión. La segunda entre 20 y 40 años.
La comprobación de estos delitos supone un reto para las autoridades. Datos del Centro de Investigación para el Desarrollo AC destacan que delitos sofisticados como delincuencia organizada reportaron un nulo índice de judicialización entre el 2014 y 2016.
El artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada sostiene que este delito consiste cuando tres o más personas se organicen para cometer delitos de forma permanente o reiterada.
“Sobre todo el tráfico de drogas es muy complicado de comprobar. El Procurador lo ha dicho, que incluso en Estados Unidos no se ha podido demostrar la forma en que el chapo Guzmán operaba financieramente. No se ha descubierto ni un solo peso”, dijo el investigador Martín Barrón Cruz, del Instituto nacional de Ciencias Penales.
En el caso de delitos financieros es la Unidad encargada de la Secretaría de Hacienda, una de las dependencias, que podría proveer la información suficiente para acreditar estos cargos.
“La acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita no tiene el menor sustento jurídico, de hecho, está planteada como si fuera un peculado… llama poderosamente la atención el hecho de que la fecha en la que se dice salieron recursos del Gobierno de Veracruz para supuestamente financiar la compra de terrenos ejidales es posterior de aquella en que se compraron supuestamente los mismos”, dijo el despacho que defiende a Duarte –Velásquez & Asociados– en un comunicado el 4 de julio.
Un incentivo, de acuerdo con la propia defensa, para que el acusado aceptase la extradición a México, tal y como se plantearon los delitos por parte de la PGR.
Pero las malas noticias llegaron para el ex Gobernador durante la reciente audiencia del sábado, cuando el Juez de Control Gerardo Moreno García consideró que había los suficientes pruebas para vincular a Javier Duarte a proceso. Moreno consideró los 82 datos de prueba presentados por la PGR como “aptos y bastantes”, de acuerdo con informes de la propia audiencia.
De esta forma hay indicios que señalan a Duarte de formar parte de un grupo delincuencial, así como de lavar dinero a través de la compra de propiedades con testaferros.
“El pueblo de Veracruz y México exigen que los daños tienen que ser reparados. […] No hacerlo implicaría enviar el mensaje de que cualquier Gobernador no puede ser sancionado por el simple hecho de que no tiene bienes a su nombre”, dijo el Fiscal Pedro Guevara, durante la audiencia, de acuerdo con el rotativo.
FUENTE: SINEMBARGO.MX
