La noche de este jueves, fue asesinado el activista indígena Leonel Díaz Urbano, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en la comunidad de San Juan Tahitic, en el estado de Puebla.
El dirigente fue ultimado a tiros mientras dormía al interior de su vivienda ubicada en el municipio serrano de Zacapoaxtla, a una distancia de dos horas en automóvil de la capital poblana.
Según versión de los lugareños, a Leonel Díaz le dispararon desde afuera de la ventana de su casa, logrando arrebatarle la vida.
Leonel Díaz Urbano encabezó una lucha continua para frenar la instalación de una hidroeléctrica por parte de la empresa Gaya SA de CV, que traería a los pueblos originarios un daño irreversible al medio ambiente por el desvío del cauce del río Apulco.
En la Sierra Norte de Puebla han ejecutado a tres activistas en los últimos cinco años; el caso reciente ocurrió en mayo de 2018, cuando desconocidos torturaron y asesinaron al activista Manuel Gaspar, opositor a proyectos mineros en la región de Cuetzalan.
En 2014, fue asesinado el activista Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), opositor a proyectos hidroeléctricos y mineros; y dos años antes, Frumencio Solís Cruz, fue ultimado a balazos.
En tanto, la activista María Elena Morera condenó en redes sociales el asesinato de Leonel Díaz, tras confirmar que era un opositor activo a la hidroeléctrica en Tahitic.
“Hoy le dispararon mientras estaba en su casa. Siguen los asesinatos de activistas, sin consecuencias. Matar es barato”, reclamó.
A raíz de la Reforma Energética, el 66 por ciento del territorio del estado de Puebla ha sido concesionado por el gobierno local a compañías nacionales y extranjeras, quienes han puesto en marcha diversos megaproyectos –como minas, plantas hidroeléctricas e incluso yacimientos de hidrocarburos explotados mediante fracking– a través del despojo de los recursos naturales de las comunidades donde se asientan, denunció la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN).
La agrupación advirtió sobre los altos niveles de conflictividad social generados por este esquema, incluido el encarcelamiento o asesinato de los habitantes que se oponen a las empresas.
La minería y la instalación de hidroeléctricas para abastecer empresas extranjeras han provocado actos de criminalización hacia los lugareños, que se tienen que enfrentar legalmente a las grandes transnacionales de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.
Según el informe “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Informe junio de 2017 a mayo de 2018”, ubica al estado de Puebla en el tercer lugar nacional por las ejecuciones extrajudiciales, y en noveno sitio por agredir a defensores.
Fuente: www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla