Nuestro país se encuentra en una realidad trágica en la que más del 46 por ciento de la población vive en pobreza y los esfuerzos del gobierno y de las diversas instituciones resultan insuficientes para combatir esta problemática, afirmó Fernando Macedo Ronces, académico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP.
Durante su participación en el panel Desarrollo y desigualdad en América Latina, en el marco del XXXVIII Congreso Internacional de Americanística, cuya sede es la BUAP, el experto indicó que México no es un país pobre, sino una nación empobrecida, debido a una serie de causas que no han sido analizadas a profundidad por las autoridades correspondientes.
Una de las principales razones es el actual desarrollo económico que prevalece en el mundo y el país: el Neoliberalismo, “un modelo concentrador de riqueza que cada día cabe en menos manos a costa del empobrecimiento de la mayoría y con el paso del tiempo se vuelve más voraz y excluyente”.
A nivel nacional –dijo- el escaso desarrollo económico del país en los últimos 20 años ha sido también una razón del estancamiento en la lucha contra la pobreza, así como el mal uso de los recursos públicos, la burocracia excesiva, la mala calidad educativa, el incremento del desempleo y la migración real tanto interna como externa, situaciones que se ven reflejadas en la baja calidad de vida de las personas.
“Al gobierno se le hace más sencillo el incremento de los impuestos indirectos como el IVA, que son un castigo al consumo en el que la gente rica y pobre pagan lo mismo por un producto, aunque ambos tengan diferentes grados de adquisición”, subrayó.
Por el contrario en el impuesto directo, “los ricos pagarían más que los pobres porque retribuirían sobre sus capitales especulativos, sobre sus ingresos netos, ganancias, rentas y propiedades; por lo tanto, castigar al pueblo con una política fiscal ligada fundamentalmente al consumo es una injusticia”.
Como una alternativa para remediar esta problemática social, Macedo Ronces sugirió tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU, en las que se propone que el gobierno debe considerar la desigualdad como una alta prioridad política, además de incrementar el salario mínimo real para propiciar las condiciones suficientes para vivir.
Además, la construcción de un sistema de protección social que no sea demagógico, que sea efectivo y real en beneficio de todos los mexicanos.
En este panel participaron expertos del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamérica, quienes hablaron del papel del salario mínimo en la redistribución del ingreso en México y de una metodología de ajuste alternativa para corregir el problema de la subestimación de los ingresos de los hogares.
