Corresponsabilidad social
-ANPEC ofrece propuestas para formar parte de la solución del problema de
inseguridad en el país.
-La estrategia presentada por la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal
para bajar los índices de homicidio y combatir la extorsión deja muchas dudas.
-Principio de corresponsabilidad social: sólo haciéndonos todos responsables
de este problema, caminaremos rumbo a un México seguro y en paz.

Ciudad de México a 14 de octubre de 2024.- La Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC) ha informado reiteradamente, amén de los costos humanos y
materiales, consecuencia de la inseguridad, ésta también impulsa la inflación alimentaria
en el país, elevando los precios de los productos y alimentos de consumo popular. Por ello
el tema es materia de preocupación del pequeño comercio y, con la intención de procurar
un ambiente de paz en carreteras y ciudades que permita realizar actividades económicas
y comerciales en condiciones de seguridad, como siempre debió haber sido, ANPEC hace
las siguientes propuestas, buscando formar parte de la solución de este problema:

1. Jornada nacional contra la extorsión. Se exige una campaña de gran calado en todos
   los frentes sociales: escuelas, iglesias, organismos intermedios, clubes, juntas vecinales,
   etc., en donde se difunda información sobre el delito de extorsión, dando a conocer el grave
   daño que ocasiona a la economía y la convivencia del país. Esta campaña debe correr tanto
   en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales, impresos, televisión,
   radio, cines, proponiéndose el pequeño comercio como amplificadores de esta campaña en
   todos los rincones del territorio nacional.
2. Elevar a delito grave la extorsión. Desde el mandato anterior ha quedado como
   asignatura pendiente elevar la extorsión a delito grave. El castigo que debe imponerse debe
   ser ejemplar, disuasivo, que evite la idea de impunidad al hacerlo. Por tanto, es menester
   retomar esta iniciativa y concretarla en el corto plazo.

3. Promover organizaciones comunitarias de vecinos. Es importante involucrar a las
   comunidades en la defensa de sus intereses. No hay mejor mecanismo de seguridad que
   la organización vecinal, debidamente comunicados y conectados para la acción. Es decir,
   que los habitantes de las colonias y poblaciones estén debidamente enlazados entre ellos
   y se mantengan atentos a cualquier notificación o alarma que se presente en su área a fin
   de que todos actúen de manera conjunta. Para ello se requiere de una dependencia
   gubernamental responsable de esto que convoque, registre y georeferencie estos grupos
   de manera oficial.

4. Tribunal de denuncia ciudadana en redes sociales. En el pasado reciente mucho se
   ha insistido a través de campañas que la gente denuncie cuando se ve afectada por la
   extorsión; sin embargo, no lo hace por temor a ser señalada; se habla también de la
   denuncia anónima, pero la duda persiste. Proponemos que se organicen en redes sociales
   muros de denuncia que sean atendidos por las autoridades, en donde cada publicación
   realizada sea motivo de una indagación oficial por las procuradurías. De este modo las
   personas establecen su propio mecanismo de denuncia, quedando ahí registrado lo que va
   pasando en las comunidades.
5. Botón de pánico y videovigilancia. A falta de recursos para poder contar con cuerpos
   policiacos de máxima proximidad, se vuelve una alternativa instalar cámaras de
   videovigilancia y botón de pánico en los puntos de venta del comercio local. Esto es posible
   ya que la tecnología ahora tiene un precio accesible que podría constituir una red de mayor
   alcance de disuasión a favor de la seguridad y combate a la violencia y a la extorsión. Esta
   red de videovigilancia y botones de pánico podría operar de manera autónoma con contacto
   directo al aparato de seguridad de las entidades.
   En días pasados la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal presentó la estrategia
   inicial para bajar los índices de homicidio y combatir la extorsión focalizando su acción en
   cinco estados de la república, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y
   Sinaloa, estrategia que deja muchas dudas en el camino, pues el fenómeno de la
   inseguridad en México se mueve como el mar. Si bien en ocasiones se mantiene más activa
   en algunas partes que en otras, lo cierto es que las acciones delincuenciales van girando a
   lo largo y ancho del territorio nacional.
   “¿Qué queremos decir con esto? Que focalizar la atención de la actividad del estado en
   estas entidades, y además anunciarlo, podría equivaler a dar pase libre a los delincuentes
   para hacer tropelías en las veintisiete entidades restantes. De la misma forma, dar a
   conocer que la estrategia está centrada a combatir los homicidios dolosos y la extorsión,
   por ser los delitos más recurrentes y expansivos en el país, bien puede entenderse como
   una invitación a los delincuentes a hacer otras fechorías como secuestro exprés, robo de
   autos, asaltos bancarios, robos con arma de fuego, etc.”, explicó Cuauhtémoc Rivera,
   presidente de ANPEC.

En conclusión, no queda claro cuál es la idea de limitar territorio y priorizar el combate a
cierto tipo de delitos e informarlo. Hacer del conocimiento este plan a la opinión pública de
plano no es conveniente. A entender de ANPEC, esta estrategia no corresponde a la
emergencia que vive el país que exige acciones de largo aliento, de alcance nacional y de
máxima cobertura, lo que permitiría alcanzar el anhelado clima de armonía social.
“Se debe buscar combatir el contrabando y la piratería que anima la informalidad en la
encomia y financia las cajas chicas de las pandillas de delincuentes mayores. Se trata
también de combatir la extorsión en todos los frentes en que se da, aduanal, carretera,
cobro de piso en las ciudades y en las tierras de cultivo agrícola. Asimismo bajar los índices
de violencia familiar y acoso a la mujer, grandes preocupaciones de la sociedad moderna.
Basta con hacer un pequeño recuento de los más recientes hechos de violencia en el país
para comprender el tamaño del problema al que nos enfrentamos como sociedad”, subrayó
Rivera.
Desde hace más de un mes Culiacán, Sinaloa, vive un enfrentamiento entre dos grupos del
crimen organizado; balaceras, bloqueos, quema y robo de vehículos, desaparición forzada
de personas, homicidios, se han vuelto pan de cada día, dejando un saldo de más de
doscientos muertos, más de mil negocios cerrados e innumerables fuentes de empleos
canceladas.
Los recientes homicidios de funcionarios del municipio de Chilpancingo, Guerrero, primero
el excoordinador de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía de Guerrero, próximo a
asumir la Secretaría de Seguridad Pública municipal, después el secretario general del
Ayuntamiento y finalmente el Alcalde, los que se suman a otros ataques en Acapulco. Estos
describen en close up el control que tiene el narcotráfico en muchos municipios del país.
Chihuahua registró en un solo día dieciocho homicidios violentos, once fueron en Ojinaga
y los demás en Ciudad Juárez y la capital.
Según datos del gobierno federal, en la semana del lunes 30 de septiembre al viernes 4 de
octubre de 2024, se registraron en Guanajuato setenta y cinco personas asesinadas.
Solamente el 3 de octubre se reportaron doce homicidios en ataques simultáneos en el
municipio de Salamanca, en donde apenas tres días atrás se habían registrado cuatro.
“Esto es el botón de muestra que indica que la actividad delincuencial en el país va en
ascenso, cada vez es mayor y el gobierno se está viendo rebasado por esta nociva realidad.
Por ello urge aplicar el principio de corresponsabilidad social en el que todos los actores y
fuerzas vivas de la sociedad participan de manera proactiva con acciones contra la
inseguridad. Estamos convencidos que sólo haciéndonos todos responsables de este
problema es que iremos en un rumbo hacia un México seguro y en paz”, concluyó Rivera.