El actual gobierno enfrenta una herencia de litigios y deudas multimillonarias derivadas de esquemas que desviaron recursos públicos esenciales.

CIUDAD DE MÉXICO.— El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que durante más de diez años distintos gobiernos convirtieron al estado en un “laboratorio de corrupción”, institucionalizando prácticas de saqueo que comprometieron gravemente las finanzas públicas y limitaron la inversión en sectores prioritarios como el campo, la educación, la seguridad y la infraestructura carretera.

Durante su mensaje, el mandatario señaló que resulta indignante que quienes accedieron a cargos públicos lo hicieran con el objetivo de obtener beneficios personales. Explicó que, a través de mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), se diseñaron esquemas que sistematizaron el despojo de recursos del estado.

Armenta dejó en claro que su administración no actúa con ánimo de persecución política ni incurre en omisiones o complicidades. Subrayó que se están atendiendo los problemas heredados mediante acciones jurídicas responsables, incluso en casos que se arrastran desde hace décadas. Como ejemplo, mencionó la resolución del conflicto del Museo Internacional del Barroco, que implicó un pago de 2 mil millones de pesos, pero permitió generar un ahorro histórico cercano a los 8 mil millones.

Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que desde el inicio de la actual administración, y por instrucción directa del gobernador, se emprendieron acciones para detener el saqueo financiero heredado. Detalló que se trabaja en la terminación anticipada de diversos contratos, entre ellos el del Centro Integral de Servicios (CIS), cuyo esquema vigente implica pagos superiores a los 2 mil millones de pesos y una vigencia hasta el año 2037, además de un compromiso de 259 millones de pesos tan solo para este año.

En el caso de Agua de Puebla, García Parra explicó que una eventual cancelación anticipada del contrato implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos, lo que refleja la complejidad de los acuerdos firmados en administraciones pasadas.

Asimismo, el coordinador de Gabinete reveló que al asumir funciones encontraron 89 litigios activos relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y pagos de facturas, con demandas que superan los 5 mil 500 millones de pesos. De estos casos, 29 ya cuentan con sentencias firmes que representan más de mil 500 millones de pesos.

Finalmente, García Parra sostuvo que el gobierno actual no permitirá que servidores públicos ni empresas continúen beneficiándose indebidamente de los recursos del estado. “Puebla transitará de la deuda oculta y el saqueo, hacia la reconstrucción y la recuperación de su grandeza”, concluyó.