Puebla, Pue.— En un foro especializado sobre el combate a la trata de personas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Norma Pimentel Méndez, planteó la necesidad de reforzar el marco legal y mejorar la articulación entre autoridades para reducir la impunidad y garantizar una atención integral a las víctimas de este delito.
Acompañada por representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la legisladora destacó los avances institucionales, aunque insistió en que aún existen áreas que requieren ajustes desde el Poder Legislativo. Subrayó que la presencia de diversas instancias en el encuentro refleja una preocupación común: proteger a quienes han sido víctimas y enfrentar con mayor eficacia a quienes operan estas redes criminales.
Pimentel Méndez compartió datos que revelan la magnitud del desafío. En Puebla, más del 82 % de los casos de trata continúan sin resolución, y entre 2015 y 2022 se dictaron únicamente 52 sentencias condenatorias frente a 257 denuncias. A nivel nacional, las cifras son igualmente bajas, con apenas 7 % de las investigaciones locales y 9 % de las federales concluyendo en sentencia.
Ante este panorama, la diputada propuso una serie de medidas que, a su juicio, podrían mejorar la respuesta institucional. Entre ellas, mencionó la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación mediante presupuestos suficientes y formación especializada en áreas como inteligencia financiera, persecución digital e investigación con perspectiva de género. También planteó formalizar protocolos de protección para víctimas y testigos, recurrir a herramientas como declaraciones videograbadas y refugios seguros, así como diversificar las fuentes de prueba para evitar que los procesos dependan exclusivamente del testimonio de la víctima.
Asimismo, llamó a consolidar un trabajo conjunto entre Fiscalía, tribunales, cuerpos de seguridad y organismos de atención a víctimas, con la finalidad de dar seguimiento puntual a cada carpeta de investigación. Aunque reconoció avances normativos recientes, apuntó que persisten deficiencias en la aplicación de protocolos, particularmente en identificación temprana de víctimas, enfoque de género y prevención de la revictimización. Como ejemplo, recordó el caso de una joven maya que pasó de ser víctima a imputada y permaneció más de una década en prisión preventiva, situación que —dijo— evidencia la importancia de aplicar los criterios adecuados.
La diputada también planteó fortalecer las capacitaciones obligatorias, asegurar la operatividad de fondos de apoyo y reforzar la cooperación entre autoridades estatales, federales e internacionales. Si bien refirió las reformas aprobadas en junio de 2024, consideró que aún quedan pendientes como emitir reglamentos vinculantes, establecer mesas de trabajo permanentes y garantizar participación activa de los organismos de derechos humanos en los mecanismos de coordinación.
Finalmente, Pimentel Méndez reiteró su disposición para mantener el diálogo con las instituciones involucradas y avanzar hacia un entorno más seguro para mujeres, niñas y niños. Sostuvo que una mayor coordinación, acompañada de recursos suficientes y una aplicación estricta de los protocolos, es clave para enfrentar la impunidad y combatir la trata de personas en Puebla.
