Por redacción
A Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador de Morelos, le falta poco más de dos años para concluir su gestión y entonces proponerse –tal y como es su aspiración– como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la República. Sin embargo, cientos de activistas, estudiantes, artistas, académicos, familiares de desaparecidos, víctimas de la violencia que se vive en la entidad que gobierna y hasta integrantes de la izquierda de la que proviene, no sólo exigen su renuncia sino que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad en contra de los morelenses.
Desde los primeros meses de su administración, en 2012, Graco Ramírez se enfrentó a críticas por no haber implementado una estrategia para frenar la violencia en el estado, especialmente contra las mujeres. En ese momento, el perredista fue otro de los mandatarios que pidió tiempo para poner todo en orden, porque “nos dejaron un estado en condiciones deplorables en cuanto a policía y en cuanto a la procuración de justicia, que estamos ya empezando a enderezar”.
En los cuatro años del Gobierno de Ramírez Abreu la violencia no ha cesado: suman mil 992 homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, a decir del activista Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en la entidad gobernada por el político nacido en Tabasco han ocurrido 3 mil 600 homicidios, 191 feminicidios, 384 secuestros y 77 mil robos.
El Gobierno de Morelos emitió la Alerta de Género en agosto de 2015 en sólo ocho de los 33 municipios que conforman el estado, pero el fenómeno tampoco se ha revertido. En el primer semestre de 2016 se registraron 52 feminicidios, de acuerdo con la Comisión de Equidad y Género del Congreso estatal.
En julio pasado, durante una gira de trabajo en Reynosa, Tamaulipas, Graco Ramírez regañó a esa administración por no haber reducido sus índices de inseguridad, como lo hizo él en Morelos, que ocupa el noveno lugar en incidencia delictiva al registrar 280 homicidios dolosos en lo que va del año, mientras que Tamaulipas es el décimo estado más violento con 279 asesinatos, de acuerdo con datos del SESNSP.
La ola violencia en Morelos se debe, al igual que en Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, a la disputa entre cárteles de la droga. El Gobierno de Graco Ramírez y la Procuraduría General de la República (PGR) han dado cuenta de tres organizaciones delictivas –Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana, las más sanguinarias– que operan en la entidad.
El mayor escándalo que atraviesa el Gobernador de Morelos fue haber encubierto las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde, en junio pasado, después de más de un año de haber exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) la exhumación, se hallaron 117 cuerpos y nueve bolsas con 12 fragmentos de personas. Algunos de los cadáveres con el tiro de gracia, sin identificación y en total clandestinidad.
La fosa de Tetelcingo, en Cuautla, fue descubierta por la familia de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue llevado a la morgue. Después, la Fiscalía morelense lo mandó a la fosa común sin avisar a los familiares. Fue entonces cuando comenzaron las presiones contra Gobierno de Morelos, que ordenó a la FGE la exhumación. Entre los cuerpos había dos niños y un feto.
En los trabajos de exhumación, que la Fiscalía realizó con algunas irregularidades, participaron expertos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuyo informe reveló que el Gobernador mintió con respecto a la legalidad y número de fosas, así como al hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investigación. Además, incurrió en encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia al insistir en que todo se encontraba de acuerdo con la legalidad y con los protocolos establecidos.
No conforme con eso, la Fiscal Regional, Montserrat Castañeda Delgado, denunció a Javier Sicilia y al Rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quienes han encabezado las principales movilizaciones contra el Gobierno de Graco Ramírez, por incumplimiento de funciones, sabotaje, ejercicio indebido de servicio público, quebrantamiento de sellos y ultraje de autoridad. La denuncia no procedió porque no fue consultada a la FGE.
Desde el descubrimiento de las llamadas “Gracofosas”, que han sido comparadas con los hornos crematorios del dictador alemán Adolf Hitler, cientos de morelenses se han movilizado para exigir que se esclarezcan los hechos, que las víctimas sean identificadas y entregadas a sus familiares, y que la Fiscalía del estado responda por todas las irregularidades cometidas en este proceso.
Sin embargo, la movilización más grande y significativa en la historia de la entidad se vivió el pasado 16 de agosto, cuando integrantes de al menos 100 organizaciones civiles, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), estudiantes, amas de casa, obreros, miembros de la Iglesia católica, comerciantes, niños, académicos, familiares de desaparecidos, sindicalizados y desplazados por la violencia recorrieron las calles de Cuernavaca con un solo cometido: la renuncia de Graco Ramírez Abreu, cuyo Gobierno ha sido calificado de represor y autoritario, y a quien se le vincula con la criminalidad que vive el estado.
Pero antes de irse, los morelenses exigen a Ramírez Abreu que rinda cuentas, que el Gobierno federal lo juzgue por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, y que la PGR lo investigue “por peculado, omisión y complicidad en los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, robo con violencia, extorsiones y los que resulten”.
Los inconformes, víctimas de la criminalidad, estuvieron un par de días en el zócalo de la capital morelense y en las calles aledañas al Palacio de Gobierno, donde despacha Ramírez Abreu, para gritar insistentemente: “Fuera Graco”.
Las protestas contra el Gobierno del perredista no cesarán, incluso, los morelenses anunciaron que de no ser escuchados se “radicalizarán las acciones”, y aunque Graco Ramírez ya se reunió con el Consejo Consultivo de su partido para establecer una estrategia de apoyo ante las manifestaciones en su contra, estos aspectos podrían entorpecer sus aspiraciones de convertirse en el candidato del Sol Azteca para la Presidencia del país, y meterían en un nuevo conflicto al disminuido PRD.
FUENTE: SINEMBARGO.MX
