Decidieron ejercer de periodistas ciudadanos en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus que llevó a su ciudad, Wuhan, a ser puesta en cuarentena; pero ahora nadie sabe dónde están.

Decían que querían mostrar «la verdad» de lo que está sucediendo en el epicentro del brote de coronavirus en China. Publicaron videos en internet, compartieron fotos y testimonios dramáticos de aquella urbe de la que nadie puede entrar ni salir.

Hasta que, de repente, no se supo más de ellos.

En momentos en los que la mayoría de periodistas extranjeros han abandonado Wuhan, Fang Bin y Chen Qiushi estaban decididos a compartir lo que pudieran sobre la crisis, más allá de lo que informa la prensa china, controlada por el Estado. Como resultado, sus videos acumularon miles de visitas.

Pero sus canales ya no tienen más publicaciones y sus seguidores temen que hayan desaparecido para siempre.

Mientras, las autoridades chinas no se ha pronunciado oficialmente sobre el paradero de Chen ni Fang.

¿Qué se sabe de Fang Bin?

Fang Bin es un empresario que comenzó a publicar videos sobre el brote para «informar sobre la situación real» de la ciudad, prometiendo «hacerlo lo mejor posible».

Subió su primer video el 25 de enero a YouTube, una plataforma que está prohibida en China pero a la que se puede acceder a través de redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en inglés).

Sus primeros videos, en los que solía aparecer conduciendo por la ciudad y mostrando lo que pasaba en diferentes lugares, lograron poco más de 1.000 vistas.

Pero el 1 de febrero grabó uno que hizo que la gente le empezara a prestar atención.

Ha sido visto casi 200.000 veces y parece mostrar ocho cadáveres apilados en un minibús frente a un hospital en Wuhan.

Según Fang, la policía irrumpió en su casa esa misma noche y lo interrogó sobre sus videos. Se lo llevaron, le dieron una advertencia pero al final lo liberaron.

El 9 de febrero, sin embargo, publicó un video de 13 segundos con las palabras «la revuelta de todo el pueblo: devuelvan el poder del gobierno al pueblo».

Fue lo último que publicó.

¿Qué se sabe de Chen Qiushi?

Chen es un antiguo abogado de derechos humanos convertido en videoperiodista y ya era relativamente conocido en la escena activista.

Se había labrado una reputación con su cobertura de las protestas de Hong Kong en agosto del año pasado.

Fue eso mismo lo que, según dijo más tarde, lo llevó a ser acosado y, en última instancia, silenciado por las autoridades chinas después de regresar al territorio continental.

Sus cuentas en las redes sociales chinas, que supuestamente tenían más de 700.000 seguidores, fueron eliminadas.

Pero en octubre creó una cuenta en YouTube que ahora tiene unos 400.000 suscriptores. También tiene más de 265.000 seguidores en Twitter.

A finales de enero, Chen decidió viajar a Wuhan para informar sobre cómo la situación empeoraba allí.

«Usaré mi cámara para documentar lo que realmente está sucediendo. Prometo que no… ocultaré la verdad», dijo en su primer video de YouTube.

Visitó diferentes hospitales en Wuhan, observando las condiciones en las que se trabajaba y hablando con los pacientes.

Chen sabía que esto lo ponía en riesgo. Le dijo a John Sudworth de la BBC a principios de este mes que no estaba seguro de cuánto tiempo podría continuar.

«La censura es muy estricta y las cuentas de otras personas serán cerradas si comparten mi contenido», dijo.

También el 7 de febrero, se publicó un video en la cuenta de Twitter de Chen, que actualmente se la administra un amigo, en el que su madre afirmaba que su hijo había desaparecido el día anterior.

Su amigo Xu Xiaodong explicó luego en un video de YouTube que el activista había sido puesto en cuarentena forzosa.

¿Qué dicen las autoridades?

De momento, no ha habido ninguna declaración oficial sobre dónde están Fang Bin o Chen Qiushi, ni de cuándo es probable que sean dados de alta, en caso de haber sido puestos en cuarentena.

Según Patrick Poon, investigador en Amnistía Internacional, aún no estaba claro si Chen o Fang «habían sido llevados por la policía o puestos bajo cuarentena forzada».

Pero añadió que las autoridades «por lo menos» deberían de haberse asegurado de que sus familiares iban a ser contactados.

«Las autoridades chinas deberían informar a sus familias y darles acceso a un abogado de su elección. De lo contrario, es legítimo que les preocupe que puedan correr el riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos», le dijo Poon a la BBC.

¿Por qué podrían haber desaparecido?

El gobierno chino es conocido por tomar medidas drásticas contra activistas. También ha querido demostrar que está controlando el brote.

Tal vez no sea sorprendente que, según un investigador de la ONG Human Rights Watch (HRW), las autoridades estén «igual de preocupadas, o incluso más, por silenciar las críticas como por contener la propagación del virus».

Un médico, Li Wenliang, fue advertido de no difundir «comentarios falsos» después de dar la alarma sobre el virus a principios de diciembre. Al final contrajo el virus y falleció.

Su muerte desencadenó una ola de ira sin precedentes, lo que provocó un levantamiento en internet. Las autoridades chinas quedaron atónitas y reaccionaron intentando censurar cada comentario crítico sobre la muerte de Li.

«El autoritario gobierno chino tiene un historial de acoso y detención de ciudadanos por decir la verdad o por criticar a las autoridades durante emergencias públicas, por ejemplo, durante la del SARS en 2003, el terremoto de Wenchuan en 2008, el choque de trenes de Wenzhou en 2011 y la explosión química de Tianjin en 2015», le dijo a la BBC Yaqiu Wang, de HRW.

Aunque, según ella, China necesita «aprender de la experiencia y comprender que la libertad de información, la transparencia y el respeto por los derechos humanos facilitan el control de enfermedades, no lo entorpece».

«Las autoridades se perjudican a sí mismas al [supuestamente] hacer desaparecer a Fang y Chen», agregó.

En el portal de noticias chino Weibo, solo hay un puñado de comentarios que mencionan a Chen y Fang, y parece que su eliminación por parte de los censores chinos es solo cuestión de tiempo.

«[Ellos] reescriben la historia», señala un comentario. «Poco a poco será como si [nunca hubiera habido] alguien llamado Chen Qiushi».

Fuente: www.bbc.com

POR EMILIO LÓPEZ ROMERO

Nueva York, El fiscal general William Barr asegura que con los mensajes en redes sociales del presidente es «imposible» hacer su trabajo y los demócratas piden su destitución inmediata.

En la era Trump llevarle la contraria al presidente o hacer pública algún tipo de queja puede costarle muy caro al protagonista. Por eso causó gran sorpresa que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, pidiera este jueves a su jefe que deje de hacer comentarios en las redes sociales sobre el trabajo que realiza el Departamento de Justicia.

«Que haya comentarios públicos y tuits sobre el departamento, sobre la gente que trabaja en el departamento y los casos que aún están pendientes, hace que me resulte imposible realizar mi trabajo y garantizar que los tribunales y los fiscales puedan hacer su trabajo con integridad», lamentó el fiscal general en una entrevista para la cadena ABC.

Barr, que forma parte del gabinete del presidente desde que fue nombrado secretario de Justicia en febrero del año pasado, fue más allá y durante la misma entrevista advirtió que no se va a dejar intimidar o influir por nadie, «ni por el Congreso, ni por los medios de comunicación ni por el presidente».

La paciencia del fiscal general parece que se agotó después de que en los últimos días Trump atacó en varias ocasiones a su departamento por la forma de manejar el caso contra Roger Stone, un amigo personal del presidente que fue encontrado culpable de varios cargos por mentir durante la investigación que llevó a cabo el Congreso sobre la trama rusa.

Los fiscales del caso Stone recomendaron entre siete y nueve años de cárcel para el exasesor de campaña, pero después de que el presidente dijera en Twitter que esa propuesta era «horrible y muy injusta», el departamento de Justicia anunció que iba a revisar la pena, lo que llevó a los fiscales a renunciar y a los demócratas a poner el grito en el cielo.

LA REACCIÓN DEL PRESIDENTE

Todavía está por ver si estas declaraciones de Barr no le causan más disgustos, pero desde la Casa Blanca se limitaron a decir el jueves que Trump «no está molesto» con el fiscal general. «El presidente tiene plena confianza en que el secretario de Justicia haga su trabajo y que haga respetar la ley», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Trump, por su parte, se asomó este viernes a Twitter y compartió un mensaje en el que recordó que durante la misma entrevista con ABC el fiscal general dejó claro que nunca le ha pedido que intervenga en un caso criminal. «Eso no significa que como presidente, no esté en mi derecho legal de hacerlo, pero de momento he elegido no hacerlo», remachó.

Desde el departamento de Barr se limitaron a decir esta semana que la decisión de revisar la pena se tomó antes de los tuits del presidente porque, según fuentes anónimas citadas por diferentes medios, consideraron que la propuesta que hicieron los fiscales era «excesiva y desproporcionada».

Los demócratas están que trinan y han querido aprovechar este inusual rifirrafe entre Trump y Barr, quien hasta ahora era uno de los principales aliados del presidente, para pedir la destitución inmediata del fiscal general, como ya hizo la aspirante presidencial Elizabeth Warren, quien fue de las primeras en pronunciarse sobre lo ocurrido.

«Con lo que ha hecho Barr debería renunciar, y si el tipo no renuncia, entonces la Cámara de Representantes debería abrir un proceso de juicio político en su contra», dijo la senadora de Massachusetts, quien llamó a los congresistas a aprobar una propuesta legislativa que niegue fondos a cualquier investigación en la que se entrometa el fiscal general.

Fuente: https://www.elmundo.es/