El alza de impuestos al tabaco impulsa el mercado negro y coloca a tenderos y misceláneas en una zona de alta vulnerabilidad legal.
El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los cigarros a partir de 2026 ha tenido un efecto inmediato en los precios al consumidor, con cajetillas que ya superan los 100 pesos. Este encarecimiento, de entre 15 y 22 pesos por unidad, ha ampliado la brecha frente a los productos ilegales y, con ello, ha fortalecido el mercado del contrabando, advierte la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
De acuerdo con estimaciones del organismo, actualmente cerca de tres de cada diez cigarros que se comercializan en el país son de procedencia ilegal. Estos productos se venden abiertamente en espacios públicos como paraderos de transporte, estaciones del Metro y cruceros, con precios hasta 75 pesos más bajos que los legales, lo que incentiva su consumo y distribución. Además, suelen ofrecerse sueltos, incluso a menores de edad, sin controles sanitarios ni pago de impuestos.
En este contexto, la reciente reforma al Código Fiscal de la Federación elevó el nivel de riesgo para el pequeño comercio. Desde el 1 de enero, la venta o incluso la posesión de cigarros sin el código de seguridad fiscal —un identificador único que acredita el pago de impuestos— se considera una conducta equiparada al delito de contrabando. La legislación no exige demostrar intención, por lo que un comerciante puede enfrentar consecuencias fiscales y penales aun cuando desconozca el origen ilegal del producto.
Las sanciones previstas incluyen penas de prisión que van de tres meses a cinco años en casos básicos, y de tres a nueve años cuando existen agravantes como el uso de códigos falsos o documentación alterada. A ello se suman multas que pueden alcanzar hasta el 150 por ciento de los impuestos omitidos, así como el decomiso definitivo de la mercancía y de los medios utilizados para su transporte o almacenamiento.
Un punto especialmente sensible es que la responsabilidad no recae únicamente en importadores o grandes distribuidores. También pueden ser sancionados los comerciantes minoristas que vendan, almacenen o simplemente tengan en su poder cigarros ilegales sin poder acreditar su procedencia lícita.
Ante este escenario, ANPEC hizo un llamado a los pequeños comerciantes a extremar precauciones: adquirir productos solo de proveedores formales, revisar que cada cajetilla cuente con el código de seguridad fiscal y conservar la documentación correspondiente. La organización subraya que, en el entorno actual, comercializar cigarros sin este respaldo no es una falta menor, sino un riesgo directo para la viabilidad del negocio y el patrimonio familiar.
Al mismo tiempo, la Alianza pidió a las autoridades enfocar los esfuerzos de aplicación de la ley en los puntos donde el contrabando opera de manera abierta y sistemática, en lugar de trasladar la carga del control a los comercios establecidos. El combate al mercado ilegal, señalan, requiere acciones firmes contra las redes que lo sostienen, no solo mayor presión sobre el último eslabón de la cadena.