La Reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla propuesta por el Congreso local es inconstitucional por lo que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula no discutirá dicha Reforma ante los vicios de ilegalidad que ha presentado durante el procedimiento, aseguró el secretario general, Ignacio Molina Huerta, quien dijo no estar de acuerdo en la destitución de los tres comisionados de Transparencia.
Tras considerar que la destitución de los comisionados es una medida que va contra la transparencia, el funcionario municipal explicó que los tiempos están encimados ya que el 15 de diciembre debería estar aprobada por la mayoría de los municipios y en esa misma fecha el Congreso del Estado nombrará a los nuevos comisionados, lo que resultaría un vicio fragante en el procedimiento de aprobación de la Reforma al ejecutar lo ordenado en un transitorio sin que este haya sido aprobado bajo el procedimiento que señala la propia constitución.
“Esta reforma es inconstitucional pues la redacción que modifica a la fracción VII del artículo 12 de la Constitución local, se contrapone con el párrafo séptimo de la fracción VIII del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
El precepto federal -agregó-, establece que las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, empero la propuesta de reforma que se remite no establece la naturaleza que tendrán las resoluciones emitidas por el nuevo Órgano Garante, por lo que se deja en incertidumbre la obligatoriedad de estas ante el sujeto obligado, y por ende la factibilidad de cumplimiento.
“De igual forma el decreto de reforma que se remite es también inconstitucional al no establecer de manera puntual la designación del Comisionado Presidente del órgano garante, contrario a lo que sí establece la Constitución Federal en el artículo 6 fracción VIII párrafo doceavo”.
En ese sentido Ignacio Molina mencionó que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula no esta de acuerdo en que se legisle al vapor una Reforma constitucional que dada su importancia debería ser aprobada mediante la afirmativa ficta, es decir, después de aprobado en el Congreso, se debe esperar tres meses de lapso para que dos terceras partes de los Cabildos aprueben lo correspondiente y si no hacen ningún comentario se entiende que se aprobó.
El secretario General de San Pedro Cholula lamentó este tipo de procedimientos por parte del Congreso del Estado al no establecer los tiempos ni respetar la Ley además de que se debieron presentar con antelación las reformas a los municipios para su discusión y aprobación por parte del Cabildo.
“Con esto se evidencia la omisión del Congreso del Estado de no ajustarse a los principios rectores del derecho, más aún cuando se emitió una Ley sin que esta estuviera apegada a la Constitución del Estado”.
