En el Congreso de Puebla se presentó una iniciativa que plantea reconocer formalmente a madres, padres y familiares de personas desaparecidas como defensoras y defensores de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer su protección y garantizar condiciones dignas y seguras durante los procesos de búsqueda.
La propuesta fue impulsada por la diputada Susana Riestra como una reforma a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado, en un contexto donde Puebla se mantiene entre las entidades con mayores cifras de desaparición. De acuerdo con datos citados durante la presentación, en 2025 se registró un promedio diario de diez personas desaparecidas, una realidad que impacta de manera directa a cientos de familias en la entidad.
La iniciativa plantea establecer medidas de protección integral de carácter prioritario, así como prohibir cualquier forma de violencia, estigmatización o criminalización hacia quienes realizan labores de búsqueda, considerando estas conductas como agravantes. También contempla la obligación de diseñar políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos, que incluyan acompañamiento psicosocial, apoyo económico, respaldo logístico y seguimiento institucional.
El proyecto legislativo fue elaborado en coordinación con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y retoma experiencias, demandas y planteamientos expresados por familias buscadoras, con la intención de construir una propuesta acorde con la realidad que enfrentan diariamente en su labor.
Desde esta perspectiva, la reforma parte del reconocimiento de que las familias —en particular las madres buscadoras— suelen convertirse en la primera línea de acción ante la desaparición de una persona, enfrentando riesgos, amenazas y, en muchos casos, falta de respuesta institucional.
La propuesta también busca armonizar la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, alineándose con la Constitución, la Ley General en Materia de Desaparición y diversos tratados internacionales ratificados por México. Asimismo, atiende recomendaciones de organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen la necesidad de una protección reforzada para personas defensoras de derechos humanos.
Con esta iniciativa, se pretende avanzar en el reconocimiento legal y la protección efectiva de quienes, desde la sociedad civil, encabezan la búsqueda de la verdad y la justicia para las personas desaparecidas en Puebla.