- El accountability, expuso, es un concepto más amplio que la rendición de cuentas, al implicar informar y justificar el proceder de los recursos, así como demandar sanciones en ejercicios inadecuados.
- Presentó su propuesta para la Comisión de Selección que designará a los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
Tras reconocer que con el Sistema Nacional Anticorrupción, México ha dado un importante paso en el fortalecimiento del Estado de Derecho, el Rector Alfonso Esparza Ortiz afirmó que es preciso articular esfuerzos para combatir las diversas expresiones de la corrupción, desde el inadecuado manejo de fondos públicos, la opacidad, el mal uso del poder público, hasta el ejercicio ineficiente de los recursos.
Lo anterior, al presentar ante la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, de la 59 Legislatura del Congreso del Estado, su propuesta de trabajo para la Comisión de Selección que tendrá a su cargo la integración del Comité Estatal de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla.
Allí planteó que este sistema provee de un engranaje entre las dependencias públicas, las instituciones y la sociedad para perseguir esas malas prácticas e impulsar una cultura de legalidad y transparencia. Esto último la tarea más importante que habrá de sumar el Comité Estatal de Participación Ciudadana.
“Estoy plenamente convencido de que toda institución, empresa, organización o instancia pública debe perseguir la eficiencia y eficacia en sus actividades y que una condición ineludible para lograrlo es la correcta aplicación de los recursos. Al mismo tiempo, el gasto debe ejercerse con mayor responsabilidad. Ya no basta ser transparente, se requiere que cada peso sea destinado a lograr el mayor beneficio social, en el presente y a largo plazo”, subrayó.
En ese sentido, el Rector Alfonso Esparza Ortiz, propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla para integrar la Comisión de Selección, orientó a avanzar hacia el accountability, un concepto más amplio que la rendición de cuentas, al implicar informar y justificar el proceder de los recursos, por la obligatoriedad en el proceso, y demandar la existencia de sanciones en ejercicios inadecuados.
Tal concepto, explicó, se ejerce en dos direcciones: la vertical y la horizontal. La primera, un mecanismo que parte de la ciudadanía hacia el Estado; la segunda, la supervisión del Estado hacia sus dependencias.
Al exponer sus consideraciones ante los legisladores locales, el Rector Esparza señaló que el Comité Estatal de Participación Ciudadana debe estar conformado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, destacados por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Además, ser un comité con equidad de género, para lo cual al menos dos de sus integrantes deben ser mujeres.
Para el pleno cumplimiento de sus servicios, durante su gestión no podrán tener un empleo, cargo o comisión en las tres instancias de gobierno, ni cualquier otro empleo; durarán en el encargo cinco años, sin posibilidades de reelección y serán renovados de manera escalonada, indicó.
Para la conformación de la Comisión de Selección, el Rector Esparza consideró indispensable la emisión de una convocatoria con amplia difusión, que permita realizar una consulta pública, a través de la cual se presenten las postulaciones de aspirantes.
Para ello, habrá de definirse la metodología, plazos y criterios de selección, mismos que deben difundirse y considerar lo siguiente: método de registro y evaluación de aspirantes, publicación de la lista, dar a conocer los documentos entregados para la inscripción, así como el cronograma de audiencias públicas con la participación de académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de mostrar el perfil, propuestas e idoneidad de candidatos. Finalmente, establecer el plazo para las designaciones, por mayoría de votos, lo cual se dará a conocer en sesión pública.
En cuanto a la elección de los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana, el Rector de la BUAP propuso algunos lineamientos para una mayor transparencia y legitimidad del proceso. A saber, que los postulantes sean respaldados por una institución de educación superior, organización civil, organismo internacional u otra instancia de prestigio en ese ámbito. Incorporar en el procedimiento de selección, la obligatoriedad de los aspirantes de presentar su declaración 3 de 3. Establecer un recurso de revisión para aquellos que no sean elegidos, a fin de preservar su derecho.
Además, crear mecanismos para asegurar la no injerencia de partidos políticos en el desempeño de las funciones de los miembros del comité; que la Comisión de Selección presente propuestas que fortalezcan las funciones del Comité Estatal de Participación Ciudadana, cuyos integrantes deben recibir capacitación, actualización y certificación de competencias, así como una remuneración suficiente para un óptimo desempeño.
Finalmente, expuso lo más destacado de su larga trayectoria como especialista en temas de transparencia y rendición de cuentas, como su participación en la elaboración de una propuesta de fiscalización para las universidades públicas, en el marco de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación presentada en la ANUIES, lo cual lo convierte en un aspirante idóneo para integrar la Comisión de Selección.
“En la medida en que contemos con mejores instrumentos de control y vigilancia, con recursos humanos capacitados y comprometidos con las buenas prácticas, tendremos mayores posibilidades de cumplir con las normas establecidas y contribuiremos al abatimiento de las diversas formas de corrupción, para desarrollar una gestión eficiente, eficaz y transparente, que favorezca el desarrollo económico y bienestar social”, sostuvo.
