El Gobierno de la Ciudad de Puebla transforma la vida de más de 200 personas en situación de discapacidad, gracias a la entrega de diversos aparatos funcionales. Lo anterior es resultado de los esfuerzos que el Sistema Municipal DIF (SMDIF) realiza para garantizar los derechos al bienestar social y la inclusión de las personas que viven situación de alguna limitación motriz, visual o auditiva, priorizando a aquellas que también se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

De esta forma, ciudadanas y ciudadanos como Joaquín Torres Juárez, de 75 años de edad y con discapacidad auditiva, o Alín Nahomi Flores Espinoza, de 10 años de edad y con discapacidad motriz, se beneficiaron con la entrega de 163 auxiliares auditivos, 24 sillas de ruedas (deportivas, infantiles, para adultos, así como tipo pca y pci), 10 bastones guía, 3 bastones ortopédicos, una silla andadera y unos lentes graduados.

Generar justicia social para toda la diversidad humana del Municipio de Puebla es prioridad de la administración local que encabeza la Presidenta, Claudia Rivera Vivanco, por ello, en el 2019 —de enero a septiembre— se destinó un millón 140 mil pesos para mejorar la calidad de vida de 491 personas, con aparatos funcionales.

Las acciones de asistencias social realizadas este día en el Parque Juárez son resultado de la vinculación y gestión entre el Municipio y el Congreso del Estado, precisó Nora Yessica Merino Escamilla, diputada local del Distrito X, al tiempo que ratificó el compromiso de las autoridades, desde los diferentes órdenes de gobierno, para facilitar y garantizar el acceso a este tipo de apoyos.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla refrenda su responsabilidad social con los grupos que viven en situación de discapacidad y pone al alcance de la población que más lo necesita apoyos funcionales para mejorar su situación de vida.

En el acto de entrega de los 202 aparatos funcionales también asistieron las y los ciudadanos José Méndez y Cano, beneficiado con una silla de ruedas para adulto; Adela García Moreno, beneficiada con una silla de ruedas para adulto; Jorge Gómez Gutiérrez, beneficiado con un bastón guía; Leticia Zetina Luna, beneficiada con un bastón de cuatro puntas; y María José Gómez Mendiola, beneficiada con un aparato auditivo derecho.

Asimismo, se contó con la participación de Mayte Rivera Vivanco, presidenta del Patronato del SMDIF; Carmen María Palma Benítez, regidora presidenta de la Comisión de Derechos humanos e Igualdad de Género; y Marcela Ibarra Mateos, titular de la Secretaría de Bienestar.

·  Ratifica su compromiso de trabajo coordinado con los distintos órdenes de gobierno y entre municipios

·  El acuerdo implica un modelo de coordinación eficiente con el gobierno del estado de Puebla

La Presidenta Municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, suscribió el Convenio encabezado por el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, y ratificó su compromiso de trabajo coordinado entre municipios y entre los tres órdenes de gobierno, mandando un mensaje al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de apoyo a sus estrategias de seguridad ciudadana, pública y de pacificación del país desde las competencias del Ayuntamiento de Puebla.

El día de hoy en Casa Aguayo, las y los presidentes municipales de la Zona Metropolitana del estado de Puebla, conformada por los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, Juan C. Bonilla, Huejotzingo y Coronango, firmaron el Convenio de Coordinación Institucional y Participación Social para Reducir la Violencia y Delincuencia en la Zona Metropolitana de Puebla.

Este convenio tiene como objetivo garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del estado de derecho; y, en palabras del gobernador del estado de Puebla, “devolverle a la sociedad su derecho a vivir sin miedo para poder ser felices”.

“Nosotros como presidentes municipales decidimos tomar la mano del gobernador para darle la cara a las poblanas y poblanos en el cumplimento de nuestra obligación”, sostuvo la edil poblana.

Rivera Vivanco aseguró que, en un corto plazo se observará un cambio notorio en las estrategias de pacificación que la ciudadanía ha demandado.

Asimismo, la Presidenta anunció la implementación de “estrategias de bienestar social, que acompañaran las acciones para garantizar un ambiente de paz, libertades y derechos” e hizo un llamado a todas las personas en el territorio nacional para sumar esfuerzos y voluntades por la paz.

Este Convenio, encabezado por el gobierno del estado, implica un plan para mejorar la seguridad de la población con estrategias y acciones pertinentes y eficaces que se encuentren en consonancia con la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, sostuvo David Méndez Márquez, secretario de Gobernación estatal.

A través de este acuerdo firmado, las y los presidentes municipales se comprometen a establecer un modelo de coordinación eficiente contra la delincuencia y realizar las siguientes acciones conjuntas de inmediato:

1.  Evaluación profunda y objetiva respecto al desempeño de los integrantes de las policías municipales.

2.  Evaluación de los resultados obtenidos por las policías municipales en el cumplimiento de sus obligaciones.

3.  Diagnóstico actualizado de la antisocialidad y delictividad en los municipios referidos.

4.  Elaboración de un plan integral de seguridad publica en los municipios referidos por tiempo indeterminado e integrado con estrategias y acciones concretas de naturaleza administrativa, preventiva y penal.

5.  Iniciar el 1ro de febrero la implementación del mencionado programa que incluirá el análisis diario de los reportes de acciones y resultados de las autoridades participantes, la divulgación semanal de las acciones institucionales y la evaluación quincenal por las instituciones responsables.

Con esto, la Presidenta Municipal de Puebla, así como quienes encabezan los demás municipios que conforman la Zona Metropolitana, asumen el compromiso de aplicar todos los recursos humanos, materiales y técnicos disponibles para contribuir a la recuperación de la seguridad legítimamente demandada por la población, creando, con el gobierno del estado a la cabeza, las condiciones de seguridad que garanticen a las personas la libertad de ejercer sus actividades sin miedo a ser afectadas en su persona, patrimonio o derechos.