CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – En un hecho inédito en la historia administrativa del estado, el gobernador Alejandro Armenta encabezó una jornada de capacitación dirigida a las y los integrantes del gabinete estatal, impartida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Isela Sánchez Soya.
Durante este ejercicio formativo, se abordaron temas fundamentales como el Procedimiento de Queja, la figura de la Conciliación y el proceso de Recomendación, herramientas clave para garantizar el respeto y la defensa de los derechos humanos desde el ámbito gubernamental.
El gobernador Armenta subrayó la importancia de actuar con responsabilidad ética y jurídica en el servicio público:
“El respeto a los derechos humanos no es opcional, es inherente al cargo. Los derechos sociales universales han evolucionado, y debemos asegurar su correcta aplicación. Les pido cuidar su actuar, porque cualquier omisión puede afectar la vida de las personas”, señaló el mandatario.
Durante la sesión, la comisionada Isela Sánchez Soya explicó que la conciliación es una resolución que permite a las autoridades involucradas corregir actos u omisiones que, si bien no constituyen violaciones graves, sí vulneran algún derecho humano. Asimismo, detalló que una queja puede ser presentada por cualquier persona, incluso de forma verbal o mediante lenguaje de señas, solicitando que se investigue una presunta violación de derechos por parte de alguna autoridad estatal o municipal.
El gobernador reconoció la labor de Sánchez Soya al frente del organismo, destacando su dinamismo y compromiso mediante visitas a centros penitenciarios, participación en foros y constante supervisión institucional. Esta labor, dijo, promueve no solo la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos, sino también su difusión entre la población.
Por su parte, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, valoró la relevancia de este tipo de capacitaciones, ya que contribuyen a consolidar una administración estatal con perspectiva de derechos humanos, lo que garantiza un actuar público más justo, transparente y eficiente.
Con este esfuerzo, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ejercer un servicio público con conciencia social, responsabilidad jurídica y profundo respeto a la dignidad humana.