Con un mensaje firme contra la delincuencia, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reiteró su política de “cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”, al tiempo que llamó al Poder Judicial a actuar con mayor rigor y a depurar sus estructuras para evitar posibles actos de colusión.
El posicionamiento se dio tras la detención de 25 personas presuntamente vinculadas al delito de cobro de piso, una práctica que afectaba a comerciantes en mercados y tianguis de la capital. De este total, 16 fueron aseguradas en el Mercado Morelos, uno de los puntos identificados con esta problemática.
El mandatario señaló que, a diferencia de administraciones anteriores, donde predominaba la llamada “puerta giratoria” —es decir, la liberación constante de detenidos—, actualmente se busca que las denuncias tengan consecuencias reales. Asimismo, destacó que cualquier acusación contra servidores públicos es turnada de inmediato a instancias anticorrupción para su investigación.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, explicó que estas detenciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía.
En ese contexto, recordó que entre el 16 y el 21 de marzo se realizaron 185 operativos que derivaron en la detención de 84 personas, además del aseguramiento de vehículos robados, hidrocarburos y sustancias ilícitas. Estas acciones reflejan un esfuerzo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Entre los resultados destacados también se encuentra la recuperación de más de 43 mil litros de combustible robado, la inhabilitación de tomas clandestinas y el decomiso de drogas en operativos contra el narcomenudeo. Asimismo, se reportaron acciones relevantes en municipios como Coxcatlán, Tehuacán y Tecamachalco, donde se lograron detenciones, rescates de víctimas y recuperación de bienes.
El gobierno estatal subrayó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además de autoridades municipales.