Por Redacción
El aún Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, reconoció por primera vez que la deuda que le heredará a su sucesor Antonio Gali Fayad asciende a 23 mil 97 millones de pesos, de acuerdo con el informe de 2016 publicado en el portal de Transparencia, que contiene el desglose de los gastos directos, indirectos y otros pasivos durante la administración estatal del sexenio que termina el día de hoy.
En la cifra, al parecer, no se contemplan los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) del Museo Internacional Barroco (MIB) y el Centro Integral de Servicios (CIS), que, de acuerdo con esos documentos, tuvo un costo de 11 mil 80 millones de pesos, cifra que se suma a la que reconoció el mandatario poblano. Misma que daría un total de 34 mil 177 millones de pesos.
En su último informe de labores, el gobernador panista presumió que durante su administración “no pidió un peso prestado” para “la transformación de Puebla”, y reportó pasivos por 8 mil 608 millones de pesos.
Pero la Ley de Disciplina Financiera obligó a la administración estatal a transparentar todos los pasivos, incluidos los PPS, y reportarlos como deuda.
A pesar de este ordenamiento, no se explica por qué en el reporte de la deuda con corte al 31 de diciembre 2016 no está ni el CIS ni el MIB, pero sí contemplan las plataformas de Audi.
La deuda en Puebla es superior a los 40 mil millones de pesos, sumando el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 24 mil millones de pesos, y los PPS, por 22 mil millones.
La administración de Moreno Valle le informó que la cifra real de la deuda era exactamente de 24 mil millones e incluye las Plataformas de Audi, la deuda directa del gobierno, la de los organismos, así como transferencias de participaciones federales.
Ahora, en el reporte publicado por el propio gobierno de Puebla en su página de transparencia, por primera vez la sumatoria de la deuda directa, la indirecta y otros pasivos, es de 23 mil millones de pesos.
DESGLOSE DE LA DEUDA
En el portal de transparencia hay dos documentos que explican cómo es el endeudamiento. El primero contiene deuda directa, Soapap, Carreteras de Cuota y el Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, y asciende a 7 mil 448 millones de pesos.
En un segundo documento, la deuda es explicada de manera macro. Se divide corto y largo plazo, y otros pasivos, con un total de 23 mil 97 millones de pesos.
La deuda reconocida en documentos oficialices de 23 mil millones, pero en esta sumatoria el único PPS contemplado es Audi, que asciende a 10 mil 291 millones de pesos, de los cuales ya se hicieron dos pagos por 753 millones 748 mil pesos.
Al pasivo reportado por el estado se tienen que sumar 4 mil 430 millones de pesos que se adeudan por el Centro Integral de Servicios, que terminará de pagarse hasta 2039, así como 6 mil 649.5 millones de pesos por el Museo Internacional Barroco (MIB) que se liquidará un año después que el anterior.
De este modo, estos dos proyectos representan una deuda por 11 mil millones de pesos, que sumado a lo reconocido por la administración da un total de 34 mil 177 millones de pesos.
La explicación de por qué el MIB no está reportado versa en que la obra se inauguró en 2016, por lo que apenas en 2017 tendrá su primer pago de 342 millones 18 mil pesos. Pero no se entiende por qué no se reporta el CIS cuando comenzó a pagarse desde 2014.
A lo largo de su administración, Rafael Moreno Valle presumió que las obras de infraestructura se dieron “sin pedir un peso prestado”. Sin embargo, las cifras reportadas por la administración estatal muestran una realidad diferente.
euda heredada por el aspirante presidencial del PAN se ha polemizado en los últimos meses en medios nacionales, pues además del CEEY que reportó una deuda por más de 40 mil millones de pesos, el economista Eudoxio Morales reportó una cifra por más de 76 mil millones de pesos.
En octubre del año pasado, SinEmbargo informó que el Fideicomiso que Evercore Casa de Bolsa administra en Puebla le permitió al Gobernador panista Rafael Moreno Valle, después de una serie de modificaciones legales, construir obras, comprometer ingresos estatales hasta por 30 años y, al final, mantener sin aumento el registro de su deuda pública.
Una modificación de un mes antes, al artículo 18 de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios local, permitió al Ejecutivo estatal evadir la autorización del Congreso al establecer que “se requerirá dicha autorización cuando se pretenda incrementar la afectación de las participaciones federales para un proyecto para prestación de servicios”, dejando así a decisión del Ejecutivo local la contratación de “obligaciones de pago” garantizadas con recursos estatales.
FUENTE: SINEMBARGO.MX
