El organismo fortalece la coordinación con autoridades para agilizar la localización y brindar acompañamiento jurídico y humano a las familias.
PUEBLA, Pue.– Como parte de las acciones para fortalecer la protección de mujeres, adolescentes y niñas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) mantiene una participación activa en el Comité del Protocolo Alba, mecanismo de coordinación interinstitucional que busca acelerar la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas.
A través de este esquema de colaboración, el SEDIF trabaja de manera permanente con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el objetivo de responder de forma inmediata a los reportes de desaparición, al considerar que las primeras horas son determinantes para la localización.
El jefe del Departamento de Servicios Jurídico-Asistenciales del SEDIF, Armando Aguayo Calderón, explicó que el organismo pone a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares la información contenida en sus bases de datos institucionales que pueda contribuir a las investigaciones y tareas de búsqueda.
Además del intercambio de información, el SEDIF ofrece orientación, asesoría jurídica y acompañamiento a las familias durante todo el proceso, como parte de la estrategia de atención cercana y con enfoque humanitario impulsada por la presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano.
El Protocolo Alba opera como un mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno para agilizar la búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. Su activación puede realizarse mediante una denuncia verbal o escrita ante la Fiscalía General del Estado o a través del número de emergencias 9-1-1, lo que permite iniciar de inmediato las acciones de localización.
Estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad y protección impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, orientada a salvaguardar a la población en situación de mayor vulnerabilidad, y se alinean con las políticas nacionales de protección de los derechos humanos y acceso a la justicia promovidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mediante el trabajo coordinado entre las instituciones.