Por Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, por la violación a los derechos de un menor de edad en Conkal, Yucatán, quien fue detenido arbitrariamente por elementos de la Gendarmería y torturado.
De acuerdo a lo declaro por el adolescente de 17 años, el 6 de abril de 2016 salió a desayunar al mercado de ese municipio con la intención de regresar a su trabajo, sin embargo el vehículo en el que viajaba fue interceptado por cinco agentes de la Gendarmería quienes lo cuestionaron respecto a la venta de droga en la zona.
Al responderles que no sabía, fue subido en la cabina trasera del vehículo policial donde le cubrieron el rostro con su ropa, lo golpearon y lo amenazaron de hacerle más daño si denunciaba las agresiones de las que estaba siendo víctima.
El menor fue bajado del vehículo y fue sometido nuevamente a interrogatorio sobre el tráfico de drogas, mientras los policías le aplicaron
‘lesiones electroespecíficas’ en su cuello y hombro derecho”, acreditó la CNDH.
Posteriormente, el joven fue liberado pero perseguido bajo la advertencia de que si lo alcanzaban sería sometido a nuevas torturas. Por lo que corrió con el vehículo de la Gendamería detrás hasta que logró regresar a su lugar de trabajo.
Al día siguiente él y otra persona presentaron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, que fue turnada a la CNDH.
El organismo humanitario nacional “encontró los elementos suficientes que acreditan violación de los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y seguridad e integridad personal del menor de edad e interés superior de la niñez, por detención arbitraria y actos de tortura, atribuibles a elementos de la División de Gendarmería de la PF”.
La CNDH recomendó al titular de la CNS la reparación del daño al agraviado, conforme a la ley General de Víctimas, que incluya una compensación, y atención psicológica y médica; emitir una circular dirigida al personal de la Policía Federal en que se requiera cumplir con la legislación nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos en las detenciones de las personas, y en que se prohíban la tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.
Además de capacitar y formar a todos los servidores públicos de la División de Gendarmería de la PF, incluyendo a su titular, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, los cuales puedan estar disponibles de forma electrónica y en línea para que sean consultados con facilidad.
Debe colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja y denuncia de hechos que se presenten ante el Órgano Interno de Control de la PF y la Procuraduría General de la República, contra los agentes involucrados en los hechos y quien resulte responsable; inscribir al agraviado en el registro Nacional de Víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que tenga acceso en lo conducente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.