La REDDU concluye su XXX Asamblea General Ordinaria con un acuerdo unánime para fortalecer la defensa, protección y promoción de los derechos humanos en las instituciones de educación superior del país
PUEBLA, Pue.- La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se convirtió en el escenario de un momento histórico para la educación superior mexicana. Con la aprobación unánime de la Declaración de Derechos Universitarios, concluyeron los trabajos de la XXX Asamblea General Ordinaria de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), celebrada en el marco del XXIII Encuentro Nacional de este organismo.
La declaratoria representa un paso significativo en la consolidación de una cultura de respeto, inclusión y protección de los derechos humanos dentro de las universidades mexicanas, al establecer principios comunes que orientarán el trabajo de las defensorías universitarias en todo el país.
Este documento, que fungirá como eje articulador entre las 34 instituciones integrantes de la REDDU, reconoce la dignidad humana como fundamento esencial de la vida universitaria y como un elemento indispensable para la construcción de la paz, la tolerancia, el diálogo y la justicia.
Las y los integrantes de la red coincidieron en que las universidades no sólo son espacios de formación académica, sino también escenarios privilegiados para el desarrollo integral de las personas, el fortalecimiento del pensamiento crítico y la construcción de una sociedad más democrática e incluyente.
Una declaración que reconoce la diversidad como fortaleza
Durante la sesión plenaria, las y los defensores universitarios aprobaron por unanimidad los principios contenidos en la Declaración de Derechos Universitarios, reafirmando que la diversidad de identidades, trayectorias, expresiones culturales y formas de pensamiento constituye una riqueza que debe ser respetada, visibilizada y celebrada dentro de las comunidades universitarias.
El documento busca impulsar en todas las universidades del país un modelo integral de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, fortaleciendo mecanismos institucionales que garanticen entornos seguros, incluyentes y libres de discriminación.
La elaboración de esta declaratoria fue resultado de un amplio trabajo colaborativo encabezado por el doctor José de Jesús Guzmán Morales, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, junto con representantes de defensorías universitarias de diversas instituciones de educación superior del país, entre ellas la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, el ITESO y varias universidades autónomas estatales.
Reflexión histórica sobre la defensa de los derechos humanos
Como parte de las actividades de la XXX Asamblea General Ordinaria, la maestra Alejandra Chávez Lomelí, defensora de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentó el libro digital Fray Bartolomé, ombudsman-defensor de derechos humanos de América, obra del maestro José Acevedo Acosta, ex titular de esa defensoría y ex presidente de la REDDU.
Durante la presentación, el autor explicó que el texto representa la continuidad de una investigación iniciada hace dos décadas y que analiza el papel de Fray Bartolomé de las Casas como precursor de la defensa de los derechos humanos en América.
La obra está integrada por seis capítulos que exploran distintas formas de ejercer la defensa de los derechos humanos en contextos históricos complejos, ofreciendo una reflexión sobre la evolución de la figura del ombudsman y su vigencia en la actualidad.
La BUAP, punto de encuentro para la construcción de una cultura de derechos
Con la conclusión de este encuentro nacional, la BUAP reafirma su papel como espacio de diálogo y construcción colectiva en torno a los derechos humanos, al albergar una discusión que busca fortalecer la vida universitaria desde una perspectiva de respeto, igualdad y justicia.
La aprobación de la Declaración de Derechos Universitarios marca un precedente para las instituciones de educación superior del país y abre una nueva etapa en la consolidación de mecanismos de protección que garanticen comunidades universitarias más incluyentes, participativas y comprometidas con la dignidad humana.