Con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a uniones impuestas, la diputada Susana Riestra presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar la cohabitación forzada como delito grave en el Código Penal de Puebla, cerrando vacíos legales que hoy permiten la impunidad.
La propuesta plantea reformar el artículo 128 Bis y crear un apartado específico que sancione a quien obligue, induzca o gestione la integración de personas menores de 18 años —o sin capacidad para comprender o resistir— a uniones de hecho equiparables al matrimonio, aun cuando se presenten como consensuadas.
Desde tribuna, la legisladora subrayó que prohibir sin castigar deja desprotegidas a las víctimas, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2024 Puebla registró más de 6 mil nacimientos de madres entre 10 y 17 años, una tasa superior al promedio nacional, lo que refleja la urgencia de fortalecer el marco legal.
La iniciativa contempla penas de 8 a 15 años de prisión, multas económicas y agravantes cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, o sean personas con discapacidad. Además, propone que este delito sea imprescriptible, al reconocer que muchas víctimas denuncian años después debido al miedo o la presión familiar.
Riestra enfatizó que ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos de la niñez, y llamó al Congreso a garantizar el interés superior de niñas y adolescentes conforme a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
La diputada reconoció el respaldo de diversas legisladoras que se sumaron a la propuesta y destacó que esta iniciativa complementa esfuerzos previos para armonizar la legislación estatal con el Código Penal Federal.
El proyecto incluye medidas transitorias para asegurar su correcta implementación, como la actualización de protocolos de investigación, atención integral a víctimas y capacitación de personal, sin generar impacto presupuestal adicional.