PUEBLA, Pue.— La construcción de un modelo de seguridad más equilibrado, enfocado en la prevención, los resultados y el fortalecimiento de las capacidades locales, representa uno de los principales desafíos para México en el siglo XXI. Así lo planteó la regidora Georgina Ruiz Toledo durante la inauguración del semestre académico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP.
En el marco de la cátedra magistral Dieter Nohlen, Ruiz Toledo impartió la conferencia titulada “¿Cómo se comportan las políticas de seguridad pública en el México del siglo XXI? Aprendizajes y desafíos desde el Advocacy Coalition Framework”, donde compartió un análisis académico sustentado en su investigación posdoctoral y en su experiencia dentro de la administración pública.
Durante su exposición, señaló que, a pesar de los cambios normativos, institucionales y presupuestales registrados en las últimas dos décadas, los resultados en materia de seguridad siguen siendo limitados desde la percepción ciudadana. Uno de los indicadores más preocupantes, explicó, es la persistencia de altos niveles de impunidad, que se mantienen cercanos al 92 por ciento, lo que reduce el impacto de cualquier política pública y contribuye a la desconfianza social.
Desde el enfoque del Advocacy Coalition Framework, la regidora explicó que la política de seguridad debe entenderse como un espacio de interacción entre distintas coaliciones de actores con visiones contrapuestas sobre cómo garantizar la paz pública. En ese contexto, la coexistencia de enfoques punitivos y preventivos, sumada a las dinámicas del crimen organizado en los territorios, ha generado trayectorias inestables en las estrategias de seguridad.
Asimismo, subrayó que el incremento del gasto público en este rubro no es suficiente para mejorar los resultados si no se acompaña de un fortalecimiento institucional efectivo, procesos de profesionalización policial y sistemas de justicia más eficaces.
Ruiz Toledo concluyó que la transformación de la seguridad en el siglo XXI no pasa únicamente por modificar leyes, sino por construir un modelo que priorice la prevención, refuerce lo local y permita reconstruir el tejido social, con el objetivo de recuperar la confianza de la ciudadanía.