La Fiscalía General del Estado de Puebla recibió un nuevo impulso operativo con la entrega de 50 vehículos, como parte de una estrategia para fortalecer la procuración de justicia y mejorar la atención a la ciudadanía. La medida fue presentada como un reconocimiento al trabajo cotidiano de quienes integran esta institución y realizan labores de investigación y atención en todo el territorio estatal.
Durante el anuncio, el gobernador Alejandro Armenta adelantó que este refuerzo no será el último. Para febrero de 2026 está prevista una segunda entrega de otras 50 unidades, entre ellas cinco destinadas al Servicio Médico Forense. Además, informó que se realizará una revisión presupuestal con el objetivo de crear hasta 100 nuevas plazas para ministerios públicos, una acción que busca atender carencias acumuladas en recursos humanos.
El mandatario destacó que una fiscalía con capacidad operativa requiere no solo equipamiento, sino también coordinación entre instituciones y liderazgo directo. En ese sentido, subrayó que el tema de seguridad se trabaja de manera permanente con el Gobierno de la República y con los distintos niveles de autoridad, a través de esquemas regionales y ajustes legales que permitan obtener resultados medibles.
La fiscal general del estado, Idamis Pastor, señaló que esta ampliación de recursos representa un momento clave para la institución, al tratarse de uno de los incrementos presupuestales más relevantes en más de una década. De acuerdo con la funcionaria, los nuevos vehículos permitirán reducir tiempos de respuesta, ampliar la cobertura territorial y ofrecer mejores condiciones de seguridad al personal ministerial, pericial y de investigación.
Desde el gobierno estatal también se destacó que el equipamiento entregado evita que las y los trabajadores de la Fiscalía tengan que utilizar recursos propios para cumplir con sus labores, particularmente en los recorridos y diligencias que realizan en distintas regiones del estado.
Con estas acciones, Puebla busca fortalecer su capacidad institucional en materia de justicia y mantener una estrategia de seguridad basada en la coordinación, la prevención y la presencia efectiva en el territorio.