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EL AUMENTO DE UN PESO A LAS LECHES CON AZÚCAR NO RESOLVERÁ LA EPIDEMIA DE OBESIDAD Y DIABETES CONSIDERARON ACTIVISTAS

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Por RedaccIón

Los productos lácteos que contengan azúcares añadidos –por ejemplo, leches y yogurts saborizados– costarán un peso más por cada litro a partir del próximo año, plantea el anexo de la Resolución Miscelánea para 2017 del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con datos de la organización El Poder del Consumidor, en un yogurt para beber se pueden llegar a ingerir hasta siete cucharaditas de azúcar, cantidad similar a la que contiene un paquete de ocho galletas.

El documento del SAT expone que los productos lácteos y productos lácteos combinados se incluyen al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) “aplicable a bebidas saborizadas cuando en su proceso de elaboración se disuelvan azúcares en agua”.

En entrevista para SinEmbargo, especialistas y activistas aplaudieron la medida; no obstante, consideraron que se trata de la aclaración de un impuesto ya existente, pues desde enero de 2014 los consumidores mexicanos pagan un gravamen de un peso por litro en la compra de bebidas azucaradas, entre ellas, los refrescos.

En un texto realizado por Alfonso Miranda, profesor e investigador de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se destaca que “la introducción del impuesto redujo el consumo de refrescos entre el 6 por ciento y el 12 por ciento en 2014. Al mismo tiempo el consumo de agua embotellada aumento el 4 por ciento”.

 “Es positiva la aclaración de este impuesto para la opinión pública, al reconocer que las bebidas que aparentemente están compuestas de leche, pueden estar consideradas como bebidas potencialmente peligrosas por el alto contenido de azúcar, o sea, las bebidas azucaradas, líquidas que tienen un sabor distinto a la leche”, dijo Julieta Ponce Sánchez, directora del Centro de Orientación Alimentaria.

No obstante criticó que deba recurrirse a aclaraciones y determinaciones de una norma para diferenciar si un alimento o un producto pueden ser dañinos para la salud.

“Esto es resultado de la política ambigua que tenemos en México. Si las políticas fueran más claras, específicamente por parte de la Secretaría de Salud (SSA), para distinguir entre un alimento saludable y uno potencialmente dañino, no tendríamos que tener este tipo de confusiones”.

FUENTE: SINEMBARGO.MX

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